La Corte de Coyhaique acogió la semana recién pasada, el recurso de apelación presentado por la defensa y ordenó las medidas cautelares arresto domiciliario total y arraigo regional para el alcalde de la comuna de Guaitecas, Cristián Alejandro Alvarado Oyarzo, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de malversación de caudales públicos, ilícito que habría perpetrado entre 2012 y 2016.
Coyhaique.- “Se solicitó por parte de la defensa del Alcalde Cristian Alvarado Oyarzo, la modificación de la medida cautelar por una menor intensidad. El Ministerio Publico había solicitado en principio la medida cautelar de prisión preventiva, esta se había otorgado y el imputado se encontraba cumpliendo aquello. Posteriormente con fecha 21 de marzo se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal de Letras y Garantía de Puerto Cisnes, en donde se mantuvo esa medida cautelar, se debatió la solicitud de la defensa y el Tribunal rechazó el cambio de la medida cautelar. Esa resolución fue apelada por la defensa y en audiencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, la sala decidió modificar esa prisión preventiva por una arresto domiciliario total y un arraigo nacional”, indicó el fiscal Néstor Gómez.

“NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA DECISIÓN, PERO LA RESPETAMOS”

Para el Ministerio Publico y de acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta investigativa junto a la decisión de los Tribunales de Garantía, consideraba que la medida cautelar de prisión preventiva se debía mantener, por ello, señalan no estar de acuerdo con la decisión de la Corte de Apelaciones, pero la respetan. “El Ministerio Publico sostuvo en sus alegatos que la necesidad de cautela se mantenía, los antecedentes que obran la carpeta investigativa no habrían variado a favor del imputado Alvarado Oyarzo y por lo tanto, la prisión preventiva como lo había hecho el Tribunal de Garantía, debía mantenerse, evidentemente la Corte no lo consideró así, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión, pero la respetamos, puesto que es el último recurso que había en esta materia”, señaló el fiscal Gómez.

PROBLEMAS DE SALUD DERIVAN EN CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR A OTRO IMPUTADO DEL CASO

La autoridad del Ministerio Publico, informó también que otro de los imputados por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, Raúl Mansilla, estaría bajo la medidas cautelares de menor intensidad, a raíz de problemas de salud.
“La situación en el caso del señor Mansilla es distinta (a la del Alcalde Alvarado), ya que, los antecedentes que se tuvieron en el caso de él para modificar la prisión preventiva fueron eminentemente de carácter médico, dada la enfermedad que mantiene esta persona. La decisión no fue de carácter procesal, en el sentido de que hubiesen variado las circunstancias en relación a la investigación, sino más bien se tomó en cuenta desde el punto de vista de la cautela de garantías del imputado su estado de salud. En este caso quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo regional”.

NO SE DESCARTA SOLICITAR AMPLIAR FORMALIZACIÓN

El fiscal Néstor Gómez, afirmó además que, “la investigación continua, existe aún plazo para seguir investigando, se siguen desarrollando diligencias, por lo tanto, de varias esas circunstancias se podría pedir revisión de las cautelares o bien ampliar la formalización, pero son decisiones que se tomarán de acuerdo al mérito de la investigación”.

Uno de los últimos informes que habría emitido Contraloría, indicaría que los recursos que no habrían lograron ser justificados por la administración del Alcalde Cristian Alvarado y su jefe de finanzas Raúl Mansilla, superaría los mil millones de pesos. ¿Ese antecedente lo maneja la fiscalía y a razón de ello se estima tomar otro tipo de decisiones en la investigación?
“Así lo hemos hecho saber en las diferentes audiencias públicas en esta causa, que efectivamente existe un informe de Contraloría que habla de esa suma, pero el Ministerio Publico actúa responsablemente, en orden a que lo que nosotros hemos acreditado en el estándar requerido hasta este momento es la cantidad sobre los 321 millones de pesos. Nosotros actuamos solamente desde el punto de vista penal no del punto de vista administrativo y evidentemente si desde el área administrativa se entrega un antecedente que pueda ser constitutivo de delito, obviamente el Ministerio Publico lo va a investigar”.
Si existen nuevos antecedentes en torno a los delitos reiterados de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, no se descarta reformalizar esta investigación.