Con una visita y distribución de volantes en el restaurant Sabores del Sur de Coyhaique, perteneciente a Ilsen Torres y José Álvarez, autoridades de gobierno recordaron que la normativa rige desde el 16 de mayo próximo.

Coyhaique.- Con una visita y distribución de volantes en el restaurant Sabores del Sur de Coyhaique, perteneciente a Ilsen Torres y José Álvarez, autoridades de gobierno recordaron la entrada en vigencia de la Ley de Pago a 30 Días, desde el 16 de mayo próximo.
La ley es de aplicación general, no distingue por tamaño o tipo de empresa, ni tampoco por sector. Aplica a todas las empresas que son emisoras y receptoras de facturas. Sin embargo, algunas disposiciones comenzarán a regir de forma gradual, a fin de facilitar las adecuaciones internas necesarias.
Así lo indicó el Intendente (s), Pablo Galilea, acompañado por el seremi de Economía, Carlos Pacheco, de Gobierno (s), Néstor Mera, asesor regional de Hacienda, Fernando Camiruaga, y directora de Sercotec, Cinthya Pantanalli.
“El Gobierno del Presidente Piñera está cumpliendo un compromiso de transformar esta intención de pago a 30 días en ley de la República. Esto nos va a permitir dinamizar nuestra economía, que exista mayor liquidez y flujo de caja, sobre todo, en los pequeños empresarios, por lo tanto, va a ayudar poder lograr que el sector privado puedan ser motores del desarrollo de Aysén”, recalcó.
En este sentido, Ilsen Torres, valoró la posibilidad de fijas plazos precisos para el cumplimiento de los compromisos financieros, como una manera de mejorar las prácticas y relaciones entre distintos tipos de empresas.
“Hace poco fui a un taller de Impuestos Internos, se nos habló de la Ley, pero yo siempre había estado cumpliendo la norma. Siempre hemos trabajado al día, 15 ó 30 días, principalmente con los proveedores que son de la pesca. Entonces siempre hemos tratado de cumplir a cabalidad con nuestros proveedores”, puntualizó.
Carlos Pacheco insistió que la ley es un paso, pero el cambio debe ser cultural, además del hecho de que pagar a tiempo ayuda al crecimiento país y de cada una de las regiones.
“El presidente Piñera, cumpliendo el compromiso de Gobierno, hace que la cadena productiva sea más eficiente. Al cumplirse esto, ellos tienen capital de trabajo, pagan leyes sociales, imposiciones y pueden mantenerse en el mercado”, remarcó.

Algunos aspectos clave

La ley aplica a todos los emisores de facturas en territorio nacional, sin distinción. Sin embargo, no rige para operaciones comerciales fuera del país. De este modo, facturas de exportación, notas de crédito de exportación y notas de débito de exportación, no se les aplicará los plazos máximos de pago de 60 y 30 días que gradualmente establece esta Ley.
Debido al impacto que tendrá en el proceso de compra y venta de todo el mercado, se fijó un plazo de adecuación para que las empresas mejoren sus procesos internos, período en el cual deberán pagar a 60 días máximo durante los dos primeros años de vigencia de la Ley. Luego de este período, las empresas deberán ajustarse a los 30 días de plazo máximo.
Desde el día 1, el plazo de pago para el sector público será de 30 días corridos, a menos que exista una licitación que en sus bases establezca justificadamente un plazo mayor, pero que nunca podrá superar los 60 días corridos. De este modo, en determinado tipo de compras, como en licitaciones de gran cuantía, el Estado puede convenir con el proveedor condiciones especiales respecto al producto o servicio a contratar, incluido el plan de pago.
La Ley considera la posibilidad de acordar excepciones al plazo de pago, dada las características propias de cada sector económico. De esta manera, las partes podrán establecer, de común acuerdo, un plazo que exceda el referido en el párrafo anterior, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor. Estos deberán ser inscritos oportunamente en el Registro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Si no se verifica el pago dentro de los plazos señalados en la ley, el deudor incurrirá en incumplimiento, devengándose desde el primer día de retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días, por montos superiores al equivalente a 200 UF e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 UF, que rija durante dicho período.
Además, el comprador o beneficiario del bien o servicio que esté en incumplimiento del plazo de pago deberá pagar una comisión fija, equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado.