La Senadora de Aysén, Ximena Ordenes, ingresó al Senado un proyecto de acuerdo con el que se busca solicitar al Presidente Sebastián Piñera que el Gobierno presente una iniciativa legal con el que se extiendan los beneficios de franquicias tributarias a las donaciones efectuadas a favor de instituciones u organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto el cuidado del medioambiente.
Aysen.- La iniciativa -patrocinada por 25 senadores- surge considerando la recomendación que realizó la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a nuestro país el año 2016 a través de la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, en la que dentro de sus sugerencias se establece que “Chile tendrá que explorar formas novedosas de recaudación de fondos y de fomento de la inversión del sector privado, como los pagos por los servicios ecosistémicos y las compensaciones por pérdida de la diversidad biológica”.
La evaluación de la OCDE agregó además que el desarrollo de un sistema de incentivos que fomente las iniciativas de conservación del sector privado facilitaría la participación de este y de las organizaciones no gubernamentales en la expansión y la gestión de las áreas protegidas, en las que una proporción significativa de la tierra es de propiedad privada.
Para la senadora Ordenes, “necesitamos una Ley de Filatropía Ambiental o Donaciones Ambientales, ya que la protección de la biodiversidad, el cuidado de los ecosistemas terrestres y marinos, la lucha contra el cambio climático, están siendo las principales preocupaciones de la ciudadanía en el país y en el mundo. En Chile, el tema medioambiental está tomando importancia en los últimos años, y está siendo un tema recurrente en la agenda pública”.
“Sin embargo, en la misma encuesta se refleja que sólo un 22% ha participado como voluntario en iniciativas para cuidar el medio ambiente, respecto de las conductas ambientalmente responsables”, aseguró la parlamentaria.
Añadió que actualmente “no existen los incentivos regulatorios ni de carácter económico ni mucho menos tributarios, que promuevan la participación de personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, de manera de contribuir activamente en la protección del Medio Ambiente, como sí ocurre en materia cultural a través de la Ley de Donaciones con fines culturales o llamada Ley Valdés”.
Ordenes señaló que la actual normativa genera un desincentivo en materia medioambiental, considerando que si una persona natural dona para fines medioambientales debe tributar sobre la donación, ya que están afectas al Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, que es de carácter progresivo hasta el 25% del monto, y en caso de que se trate de una persona jurídica, la donación es tratada como gasto rechazado afecto al Impuesto a la Renta, siendo gravada por este impuesto como si fuera un retiro de utilidades con una tasa de 40%.
“Esperamos que esta iniciativa sea acogida por el Ejecutivo. Una iniciativa similar fue presentada hace un par de meses en la Cámara por el Diputado Sebastián Torrealba, y que también apunta buscar formas de financiar los proyectos ambientales que se originan en organizaciones, principalmente de carácter ciudadano. Es un paso que nuestro país debe dar en el marco del año de la COP25, y que sería un acto de coherencia del Gobierno con los preceptos que se manejan a nivel internacional sobre cuidado del medioambiente”, dijo.