Funcionarios públicos y representantes de organizaciones ligadas con la administración de justicia en la Región de Aysén participaron en el seminario “Oportunidades y Desafíos para el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad”, organizado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la Universidad de Magallanes y la Defensoría Penal Pública, con el apoyo del Servicio Nacional de la Discapacidad.
Coyhaique.- El ministro José Ignacio Mora Trujillo, presidente de la Corte de Apelaciones, destacó la realización de este seminario dado que aborda una problemática que afecta a un gran número de personas que históricamente han sido olvidadas por la sociedad. “Es el momento de analizar esta situación desde una perspectiva jurídica, bajo un modelo de los Derechos Humanos, es decir, como titulares de derechos efectivos”. Agregó que “el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad es de tal relevancia para el Poder Judicial que desde hace unos años, es parte de los objetivos estratégicos definidos desde la Corte Suprema”.

Jorge Moraga Torres, defensor regional de Aysén, enfatizó la necesidad de que las instituciones públicas “comprendan que como país estamos en deuda con las personas en situación de discapacidad. Como comunidad no hemos sido capaces de levantar las barreras que nosotros mismos hemos construido y que hacen que estas personas hoy tengan que resolver dificultades que no tendrían por qué enfrentar si hubiésemos comprendido, desde un comienzo, que todos tenemos espacio en la comunidad, derecho a formar parte de ella y participar con igualdad (…) en este sentido, tener estas instancias de reflexión y conversación para ver en qué estamos avanzando y en qué no, sólo puede traer buenos réditos”, señaló.

Por su parte, el Director Regional de Senadis, Marcelo Jelves, relevó el interés de las instituciones organizadoras “para nuestro servicio es loable el esfuerzo y el ímpetu de tratar generar estas instancias e incluir a todos quienes de una u otra manera están vinculados con las personas en situación de discapacidad, espero que sigamos trabajando en un ejercicio mancomunado para lograr los objetivos que tenemos no sólo como dirección, sino como país”, destacó el director regional.

De esta manera, expositores como Oskarina Palma Candía, terapeuta ocupacional y académica de la Universidad de Magallanes; Tomás Pascual Ricke, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Nacional; Mario Devaud Ojeda, juez de Garantía de Coyhaique; y Paulina Brazo Guzmán, ejecutora del Programa de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se refirieron desde diversas perspectivas a la situación que viven en Chile, las personas discapacitadas.

Un modelo inclusivo de atención

La actividad se dividió en dos etapas. Durante la mañana se efectuaron la mayoría de las exposiciones y por la tarde se desarrolló principalmente un trabajo de taller en que el público asistente se dividió en grupos para analizar casos y revisar procedimientos de atención e intervención, detectar fortalezas y debilidades y proponer mejoras para la construcción de un modelo inclusivo de atención de personas en situación de discapacidad, que pueda ser aplicable en la región y en el país.

Esta etapa estuvo liderada principalmente por Ximena Soto, doctora en servicio social y docente de la Universidad de Magallanes, quien agradeció la iniciativa de las instituciones organizadoras por la oportunidad que significa discutir, analizar y desde la perspectiva de los derechos humanos a quienes viven en situación de discapacidad.
En este sentido, la docente señaló que “este seminario brindó un espacio inmejorable para analizar qué está ocurriendo con los marcos regulatorios que existen en nuestro país y que aun intentando proteger a las personas en situación de discapacidad, no están cumpliendo su objetivo.

“Chile tiene estos marcos regulatorios, pero cuán conocidos son, cómo operan los mecanismos de exigibilidad, de dignidad y respeto a los Derecho Humanos de las personas, esa es otra cosa. Necesitamos sensibilizar a quienes ejercemos un cargo público y de atención a público, instalar en nosotros que hay personas con necesidades distintas y que yo debo proveer los elementos para que una atención inclusiva sea posible”, concluyó.

La actividad desarrollada es sólo el primer paso en un trabajo mayor y de largo aliento por instalar el concepto de atención inclusiva en las instituciones y políticas públicas.