Los 1 y 15 de cada mes Bienes Nacionales Aysén notifica en sus oficinas y en el Diario Divisadero todos los expedientes de saneamiento o regularización que fueron acogidos por el ministerio para su tramitación en el último periodo, lo cual es replicado 15 días después con una segunda publicación.

Al mismo tiempo de la segunda publicación, la cual también es enviada a posibles afectados mediante red familiar, comienza a correr un plazo de 60 días de plazo administrativo, es decir, de lunes a viernes sin considerar feriados, para que terceros que se sientan afectados por esta regularización puedan oponerse a los saneamientos. Esto debido a que la regularización de la pequeña propiedad raíz a través del Decreto Ley 2.695 actúa sobre propiedad particular por lo que es factible que el dueño inscrito del inmueble considere que es perjudicado con este procedimiento.

Sin embargo, muchas veces los posibles afectados no se enteran de que está ocurriendo un saneamiento en su propiedad, perdiendo la posibilidad de oponerse y pudiendo optar únicamente a una vía judicial, interponiendo una demanda reivindicatoria posterior.
Los requisitos para que Bienes Nacionales acoja una tramitación de saneamiento son básicamente tres: Tener posesión material del inmueble que habita por más de cinco años, no tener juicios pendientes en que se discuta el título de la propiedad y finalmente que el avalúo fiscal de la propiedad no supere las 380 U.T.M. en sectores urbanos o 800 U.T.M. en sectores rurales.

Al respecto el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Gabriel Pérez, hizo el llamado a que “la gente debe estar atenta a estas publicaciones porque nosotros trabajamos con un tema sensible como lo es la propiedad raíz y ciertamente no queremos quitarle la propiedad a nadie. Por ahora estos son los únicos medios que tenemos para informar los plazos, por lo que hago un llamado encarecido a mirar estas publicaciones quincenales”.

Durante el año 2018 el Ministerio de Bienes Nacionales, encabezado por el ministro Felipe Ward, haciéndose cargo de esta problemática hizo las gestiones en el Congreso para realizar una modificación al Decreto Ley 2.695 que data de 1977 para que el periodo de oposición pasara de los 30 a los 60 días entregando mayores garantías a los terceros.