Además, solicitan investigar el traspaso de millonarios recursos por parte del Gore a Procultura, otra fundación cuestionada por sus contactos con partidos de Gobierno.
Coyhaique.- Conscientes de las posibles irregularidades que podrían existir en la relación que mantuvo la Universidad de Aysén con la fundación Democracia Viva y en las transferencias por parte del GORE a la fundación Procultura, los diputados de la región de Aysén, René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Ángel Calisto solicitaron, mediante oficio, que la Fiscalía Regional comience una investigación.
Cada parlamentario por su cuenta ya había enviado distintos oficios de fiscalización. El diputado Calisto ofició a la Universidad de Aysén el trabajo realizado y los montos involucrados tras la realización de una escuela de verano por parte de la fundación Democracia Viva. El diputado Alinco también ofició a la Universidad de Aysén, pero además envió oficio al Gore por las millonarias transferencias a la Fundación Procultura. La diputada Marcia Raphael, por su parte, envió un oficio a las distintas Seremías Regionales solicitando información sobre todos los convenios existentes con las distintas fundaciones.
En el documento se solicita “realizar una investigación que permita dilucidar si nuestra Universidad realizó pagos de honorarios o gastos de traslado y estadía u otros gastos a trabajadores de dicha fundación o a su Presidente señor Daniel Andrade, ya sea en el marco de la 2da Escuela de Verano de la Universidad (evento ampliamente difundido por la propia institución de educación dónde se informa la colaboración de la Fundación Democracia Viva), o cuando su Presidente el señor Daniel Andrade acompaño a la señora Rectora Natacha Pino en representación de la Universidad de Aysén a participar en la ex Convención Constituyente, según consta en acta del Informe de Comisión de descentralización, Justicia y Equidad Territorial de la ex Convención Constituyente”.
Además, indica que “se solicita que se determine la legalidad de la contratación de la Fundación Democracia Viva, si su contratación respondió a la normativa publica, es decir mediante Licitación Pública, invitación a participar o en su haber trato directo y todos los gastos y pagos relacionados”.
Con respecto a los convenios de Procultura con el Gore, se solicita que “investigue los antecedentes que llevaron a la Gobernadora Regional de Aysén señorita Andrea Macías Palma y al Consejo Regional de Aysén aprobar $ 1.673.000 de pesos, mediante el Acuerdo N° 6.216 del 12 de abril del 2023 a la Fundación PROCULTURA, para ejecución del Programa “Transferencia Programa Apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares”, Código BIP N° 40051765-0, se investigue como llega a presentar su propuesta al Consejo Regional(Licitación Pública, Invitación o Trato Directo y sus fundamentos), considerando además que una semana después el día 19 de abril del 2023 el Gobierno de Regional de Magallanes le asigna a esta misma Fundación 1500.000 de pesos para Programa de habilitación social en Porvenir”.
Reacción de los diputados
Según el diputado René Alinco, “estamos haciendo uso de nuestro rol fiscalizador. Acá están los tres diputados de la región, para defender el patrimonio público, como son platas de la Universidad y del Gobierno Regional. Vamos a solicitar a Fiscalía que se investiguen estas situaciones que, a lo menos, no son suficientemente trasparentes. Esperamos que todo se aclare y le corresponde a la justicia actuar, por el bien de todos los ayseninos y ayseninas”.
Por su parte, la diputada Marcia Raphael indicó que “frente a los acontecimientos que todos conocen respecto a la información llegada desde Antofagasta, donde se entregaron a través de trato directo más de 400 millones a una fundación que tiene vínculo con un partido político, también tenemos antecedentes en la región de Aysén. Nosotros en nuestro rol fiscalizador, estamos entregando información a la fiscalía para que hagan las averiguaciones correspondientes para que determinen si estos recursos están bien asignados”.
Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “cumpliendo con nuestro rol fiscalizador como diputados, presentamos un oficio en la fiscalía para que se investiguen las implicancias, los alcances y los vínculos que tienen algunas instituciones, como la Universidad de Aysén, con ciertas organizaciones que están siendo muy cuestionadas estos últimos días, así como también algunos aportes que ha realizado el Gobierno Regional a algunas fundaciones, corporaciones y ONGs”.