Aysen.- Desde este miércoles 2 de abril, los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) en la Región de Aysén han iniciado una movilización indefinida. Esta decisión responde al incumplimiento de los acuerdos presupuestarios destinados a la homologación de las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras de la CAJ, así como a las deficiencias en infraestructura y condiciones laborales que afectan directamente el desempeño de sus funciones y la calidad del servicio prestado a la comunidad.
CONTEXTO DE LA MOVILIZACIÓN
La movilización no es un evento aislado, sino parte de un contexto más amplio de descontento entre los trabajadores de las CAJ a nivel nacional. En las últimas semanas, los funcionarios han expresado su frustración ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia. La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj) ha denunciado la resistencia de la autoridad a cumplir con un protocolo de homologación remuneracional firmado en agosto de 2023, lo que ha llevado a una radicalización de las medidas de protesta.
MOTIVOS DE LA MOVILIZACIÓN
Los funcionarios de la CAJ en Aysén, liderados por Clarisa Tipaina, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la región, y Nicole Magne, secretaria de la asociación y trabajadora social del CAVI, han enfatizado que la movilización busca soluciones concretas a las problemáticas que afectan su trabajo y el servicio a la comunidad.
Entre los motivos principales de la movilización se encuentran:
- Homologación salarial: Los funcionarios exigen que se cumplan los acuerdos previamente pactados para mejorar sus condiciones laborales y salariales. La falta de homologación remuneracional ha sido un tema recurrente en las negociaciones con el Ministerio de Justicia.
- Condiciones de trabajo: La movilización también busca mejorar las condiciones laborales y la infraestructura para garantizar un servicio óptimo a la comunidad. La falta de dotación, escasez de recursos e infraestructura en los centros, así como la postergación en el reemplazo de licencias médicas, son algunos de los problemas más graves.
- Demanda creciente: La demanda por atención sigue en aumento, especialmente en casos de personas en situación de vulnerabilidad. Nicole Magne ha subrayado que este aumento en la demanda requiere respuestas efectivas y adecuadas por parte de las autoridades.
PROGRAMAS AFECTADOS
La CAJ ofrece una variedad de programas fundamentales para el acceso a la justicia, incluyendo “La Niñez y Adolescencia se Defienden”, “Mi Abogado”, Oficina del Adulto Mayor, Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, Defensoría Laboral, y Consultorios Jurídicos que atienden temas de familia y civiles. Sin embargo, las deficiencias en infraestructura, personal y condiciones laborales amenazan la continuidad y calidad de estos servicios.
IMPACTO EN LA COMUNIDAD
La movilización indefinida de los funcionarios de la CAJ y CAVI en Aysén no solo afecta a los trabajadores, sino también a la comunidad que depende de estos servicios. La interrupción de los programas de asistencia judicial puede tener un impacto significativo en las personas que buscan orientación sobre sus derechos, representación en juicios y apoyo para una reparación integral del daño causado.
REACCIONES Y APOYO
La movilización ha recibido apoyo de diferentes sectores, quienes ven en esta medida una necesidad imperiosa para mejorar las condiciones laborales y garantizar un acceso efectivo a la justicia. Sin embargo, también ha generado preocupación entre la población que depende de estos servicios, quienes esperan una pronta resolución del conflicto.
FUTURO DE LA MOVILIZACIÓN
La movilización se mantendrá hasta que las autoridades entreguen respuestas concretas y medidas efectivas que garanticen condiciones dignas para los trabajadores y un servicio óptimo para las víctimas que acuden a estos centros en busca de apoyo y justicia. La situación sigue siendo tensa, y se espera que las partes involucradas encuentren un punto de acuerdo que beneficie tanto a los funcionarios como a la comunidad.
En resumen, la movilización indefinida de los funcionarios de la CAJ y CAVI en Aysén es un llamado a la acción para abordar las deficiencias estructurales que afectan el acceso a la justicia en la región. La situación requiere una pronta resolución que beneficie tanto a los trabajadores como a la comunidad que depende de estos servicios esenciales.
