Desarrollar un trabajo colaborativo entre las diversas autoridades regionales con miras a buscar soluciones a la situación de hacinamiento, problemáticas de higiene e infraestructura del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, fue el objetivo de la reunión que se desarrolló ayer –miércoles 25 de abril- en la Corte de Apelaciones.
Coyhaique.- La actividad fue encabezada por la presidenta de la comisión de visita semestral de cárcel, ministra Alicia Araneda, junto al juez de Garantía Mario Devaud, y contó con la presencia de la senadora Ximena Órdenes, el gobernador provincial Pablo Galilea, el seremi de justicia y derechos humanos, Eugenio Canales; la coordinadora regional de seguridad pública, Katherine Hunter; el director regional de Gendarmería, Renato Montecinos y la representante de la municipalidad de Coyhaique, Paola Azócar.

En la instancia, la ministra Araneda presentó las principales conclusiones de la visita semestral realizada el pasado 17 de abril, donde se informó de problemas de infraestructura, habitabilidad y salubridad. “No se respetan los derechos humanos de las personas esto pese a los constantes arreglos realizados poniendo en riesgo incluso la seguridad de los propios gendarmes”, comentó.

El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique se construyó en 1965 y en la actualidad cuenta con 144 internos, contando con una capacidad para 100 personas.

“Esta fue una instancia para conversar de manera respetuosa y responsable en el tema que aqueja al principal recinto penal de la región. A nosotros nos interesaba, como comisión de la visita semestral de cárcel, poder sensibilizar a los actores principales en la toma de decisiones y estamos conscientes que una solución es una necesidad para rehabilitar y reinsertarlos en nuestra sociedad”, agregó la ministra.

Posibles soluciones

La ministra Araneda, en su calidad de presidenta de la Corte de Apelaciones, planteó en la reunión la posibilidad de solicitar gestiones tendientes a evaluar la factibilidad de ceder -por parte del Poder Judicial- el terreno que antiguamente albergaba al tribunal de alzada, ubicado en el frontis del actual Centro de Cumplimiento Penitenciario.

En esta línea, el gobernador provincial de Coyhaique, Pablo Galilea, expresó que “hoy se plantea la posibilidad de ampliar y remodelar la actual cárcel y es un tema en el cual existe consenso por el monto de la inversión que significaría y por la rapidez de la solución, siendo una idea posible de sacar adelante”.

El seremi de justicia y derechos humanos, Eugenio Canales, reafirmó esta idea, dado que los actuales terrenos que están adelante del centro penal pertenecen al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. “La construcción de una nueva cárcel o la reposición de otra hoy, es inviable, por los costos que esto significa, estamos hablando de un presupuesto que supera los 40 mil millones de pesos y hoy un hospital vale 25 mil millones y ante eso debemos priorizar las carencias y las otras necesidades que tenemos como región. Debemos ser serios y por lo mismo ajustar los recursos que podríamos disponer al ampliar la cárcel donde actualmente se emplaza”.