Empresa que dejó abandonadas 142 casas interpone recurso de protección en contra del Serviu

Durante estos días la empresa que dejó abandonada la construcción de 142 viviendas sociales en Puerto Aysén y que no pagó los sueldos a sus trabajadores, presentó ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique un recurso de protección a fin de impedir que el SERVIU termine unilateralmente el contrato de construcción de las casas.
Coyhaique.- Ahora, y tras diversas situaciones que habrían demostrado su irresponsabilidad con el proyecto habitacional, con las familias y sus trabajadores, la constructora aduce que el SERVIU en forma arbitraria e ilegal intenta poner término al contrato de construcción de 142 viviendas sociales, acusando a la empresa de diversos incumplimientos.
En el recurso de protección la empresa Gabriel Ignacio García Vio I.E.R.L. señala que es el SERVIU la entidad responsable de los atrasos en la construcción de las viviendas, ya que, no dictó oportunamente las resoluciones que aprobaban las modificaciones de obras, lo que ocasionó un desorden financiero en la empresa, que significó el no poder pagar los sueldos y cotizaciones a sus trabajadores, ni pagar a los proveedores de materiales.
Con este recurso la empresa de la ciudad de Coyhaique y que sería del hijo del empresario del mismo nombre que abandonó calles, veredas y otras en Puerto Aysén, dejando los trabajos abandonados. Un similar actuar estaría teniendo su hijo con la construcción de 142 casas sociales en la porteña ciudad.
Además, ahora con este recurso de protección, la empresa intenta impedir que el SERVIU ponga término unilateral al contrato, sin tener claridad, principalmente las familias si esto significara que la empresa de manera seria y responsable se haga cargo de concluir los trabajos que dejaron sin terminar, si además repondrá los artículos que desconocidos se robar mientras las casas estaban abandonadas, sin cuidador y donde incluso tuvieron varios daños.
Si este recurso de protección es acogido, las viviendas podrían retrasarse aún más, de los plazos que ya se había fijado en un acuerdo entre el Gobierno y las familias.