Fiscal jefe de Aysén, anunció apelación a lo determinado por el Tribunal, manteniendo la convicción de que el imputado es “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Puerto Aysen.- La semana recién pasado en Tribunal de Puerto Aysén se decidió cambiar la medida cautelar impuesta al imputado Nicolás Farías Zúñiga, quien se encontraba en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el atropello con resultado de muerte del joven universitario Sebastián Tocol.
Ahora, Farías Zúñiga, se encuentra con arresto domiciliario total, lo que provocó la molestia de los familiares de la víctima, quienes durante la tarde noche del viernes salieron a las calles a exigir justicia y que el imputado se mantenga en la cárcel hasta que se desarrolle el juicio en su contra.
“Hicimos una marcha el día viernes, harta gente nos apoyó, harta gente de Aysén, donde también hubo familiares de Arturo Ordoñez (atropellado hace algunos días, con lesiones graves internado en Coyhaique), junto también a la familia de la pequeña Cony. Todo tranquilo, pidiendo la justicia que se necesita acá en Aysén”, manifestó Juan Tocol, hermano de Sebastián.
“Que no haya intocables en este pueblo, que para la justicia con o sin plata seamos todos iguales”…
Este lunes, a las 11 de la mañana esperan contar con el apoyo de la comunidad, en el desarrollo de una nueva marcha pacífica por justicia.
“Estamos convocando a una nueva marcha para este lunes 25 de noviembre, a las 11 de la mañana, nos vamos a juntar en el sector de las artesanías en Ribera Sur, muy próximo al puente Ibáñez. Ojala que nos apoye la gente, esperamos tener harta compañía, los vecinos de nuestra ciudad. De esta forma queremos pedir justicia, en torno a lo que aquí está pasando y que no haya intocables en este pueblo, que para la justicia con o sin plata seamos todos iguales”, indicó Juan Tocol.
Recordemos que, en cuanto se conoció la decisión del juez de garantía, el fiscal jefe de Aysén y quien dirige la investigación, Alex Olivero, anunció apelación a lo determinado por el Tribunal, manteniendo la convicción de que el imputado es “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
