• Acción institucional busca salvaguardar la salud de imputados que se encuentran en los siguientes grupos de riesgo: adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes.
• La iniciativa se enmarca en un conjunto de acciones del Estado que se orientan a proteger la salud de la población en el contexto de la emergencia sanitaria, particularmente se suma a otras iniciativas como el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para condenados privados de libertad en grupos de riesgo sanitario.
• En la región de Aysén se solicitó la sustitución o revocación de la prisión preventiva del 30 por ciento de los imputados en dicha condición.

Aysen.- Mediante una acción masiva, coordinada y simultánea, los defensores penales públicos de todo Chile iniciaron la presentación de solicitudes de revisión de prisión preventiva ante los tribunales de justicia, solicitando la sustitución de esta medida cautelar para cerca de mil imputados privados de libertad y pertenecientes a grupos en riesgo sanitario, según las definiciones de las autoridades de salud.

La recopilación de datos de la población penal en riesgo sanitario fue posible gracias a la información entregada por Gendarmería de Chile, entidad que cooperó en el levantamiento de antecedentes.

La iniciativa que se enmarca en la emergencia sanitaria que enfrenta el país a raíz del Covid-19., busca salvaguardar la vida y la integridad sanitaria de las personas imputadas privadas de libertad de grupos en riesgo como: adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes.

Como una manera de agilizar el trámite y evitar que existan contactos directos entre los intervinientes, los recursos se están interponiendo por escrito y a través de las plataformas de tramitación electrónica del sistema interconectado, lo que evita el traslado de los imputados, privilegiando de esta forma la prevención de contagios y la celeridad en la resolución de estas solicitudes.

“Como Defensoría Penal Pública levantamos un registro a nivel nacional con todas las personas que están imputadas y en prisión preventiva y que pertenecen a estos grupos en riesgo. Me refiero a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes”, dijo el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

Explicó que, respecto de este universo “a partir del jueves se inició el envío de las solicitudes a los tribunales respectivos a nivel nacional, pidiendo se sustituyan o modifiquen dichas cautelares por otras como el arresto domiciliario”.

Agregó que la iniciativa institucional fue dada a conocer esta semana al Comité Operativo de Emergencia del Ministerio de Justicia, que convoca a todas las instituciones intervinientes en el sistema, con el propósito de salvaguardar la salud en el marco del hacinamiento carcelario.

CONDENADOS EN GRUPO DE RIESGO
Las acciones judiciales interpuestas por la Defensoría Penal se suman a otras acciones de Estado para enfrentar la emergencia sanitaria, como el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que comenzó su tramitación en el Senado, para conceder un indulto general conmutativo a personas condenadas y privadas de libertad en las cárceles de Chile y que son población de alto riesgo en la actual emergencia sanitaria.

De acuerdo a lo explicado por el Ministro de Justicia y DD.HH, Hernán Larraín, la iniciativa legislativa busca hacerse cargo de los grupos de alto riesgo que hay en los centros penitenciarios del país y de los internos, que por la forma de cumplir su condena entran y salen de los penales.

Para ello se busca que los condenados en lugar de cumplir su condena en un recinto penitenciario lo hagan en su domicilio, bajo el estricto control de Gendarmería, y con el uso de tobilleras electrónicas. El grupo que se quiere salvaguardar con este proyecto de ley son personas mayores de 65 años, con un trato especial a los mayores de 75 años, mujeres embarazadas y las madres que tengan hijos menores de dos años y que vivan con ellas en las cárceles.

En el caso de los internos con reclusión parcial, se exige un tiempo mínimo de condena de un tercio de su pena -y que les quede por cumplir un saldo igual o
inferior a los 36 meses-, la propuesta del Ejecutivo consiste en la conmutación del saldo de pena que les que falta cumplir, por reclusión domiciliaria nocturna por el tiempo equivalente al saldo de condena que les quede por cumplir. Este proyecto de ley no incluye a los condenados por delitos de violación a los derechos humanos y de lesa humanidad.

Los imputados por su parte, serán abordados por estos recursos y acciones que ya se encuentra desplegando la Defensoría Penal Pública en todo el país.

SITUACIÓN EN AYSÉN
Jorge Moraga, Defensor Regional de Aysén, informó que en la zona la Defensoría Penal solicitó la sustitución o revocación de la prisión preventiva de cerca del 30% de imputados que actualmente se encuentran privados de libertad.

Del total de solicitudes presentadas, los tribunales acogieron el 50 por ciento de ellas.

El Defensor Regional comentó además que en la región no existen mujeres privadas de libertad con hijos o hijas menores de dos años y los imputados que permanecen en prisión preventiva son relativamente jóvenes, más allá sus respectivos y previos estados de salud.

Respecto de los condenados mayores de 65 años, señaló que se está realizando el catastro respectivo pero que, evidentemente, no es posible adelantarse cuando se requiere aún la aprobación de un proyecto de ley.

En otro sentido, Jorge Moraga comentó que tanto los internos de la cárcel de Coyhaique, como los de Chile Chico, solicitaron formal y voluntariamente a los respectivos alcaides no recibir vistas mientras persista la actual crisis sanitaria con el fin de no exponer a sus familias a contagios por COVID-19 y protegerse así mismos.