Hasta la Corte Suprema llegó la controversia en Aysén sobre la demanda ciudadana para que el gobierno decrete cordón sanitario y cuarentena obligatoria con el fin de prevenir el aumento de contagio por coronavirus. La acción original, presentada el 23 de marzo, fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique el 26 y luego que los recurrentes insistieran mediante recurso de reposición, el jueves último nuevamente fue desestimada por los ministros Pedro Castro Espinoza, Sergio Mora Vallejos y José Mora Trujillo. A partir de ese momento la decisión quedó en manos del máximo tribunal.
Aysen.- La acción fue presentada por los abogados de la Mesa Unidad Social, Samuel Navarro Castro y Natalia Pino Villablanca, en representación de múltiples organizaciones y ciudadanos y ciudadanas de la región de Aysén. En ella se cuestiona que el gobierno, a través del jefe de la Defensa Nacional, general de brigada Joaquín Morales, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, no haya tomado las medidas administrativas que le permiten las facultades extraordinarias producto del Estado de Excepción Constitucional. Y con ello, afectando los derechos a la vida y a la integridad física, y psíquica de los y las habitantes de la región.
Sistemáticamente las cortes del país han rechazado las múltiples acciones cautelares que se han presentado solicitando que la autoridad imponga medidas más estrictas para prevenir mayores contagios por COVID-19 en comunas y regiones. El argumento ha sido que los recursos de protección no son la vía para impugnar las decisiones del Presidente de la República (a través de sus autoridades delegadas) en materia de restricción de las garantías constitucionales, por lo cual la negativa a declarar cuarentenas o cordones sanitarios no serían actos u omisiones arbitrarias o ilegales de la autoridad.
De esta forma será la Corte Suprema la que dirimirá, en última instancia, la interpretación sobre la norma constitucional y su vínculo con medidas de prevención ante la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus.
En opinión de los patrocinantes las omisiones de la autoridad administrativa, avaladas por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ponen en riesgo a la población en términos de su derecho a la vida y a la salud, lo que lamentablemente se ve agravado por la precaria situación laboral y económica que viven trabajadores contratados e informales, profesionales independientes, pequeños empresarios, es decir, familias de ayseninos y ayseninas que son la mayoría de la población regional.