Ministerio Público podría exhibir 66 pruebas documentales, 51 testigos, 7 peritajes, 3 peritos y otros 52 medios de prueba, como parte de esta investigación por corrupción pública que coordinó la Fiscalía Regional de Aysén junto a la Policía de Investigaciones de Chile.
Aysen.- Su total compromiso contra la corrupción pública está demostrando la Fiscalía en la región de Aysén, al investigar diversos hechos y personas que han defraudado el erario público en esta zona del país.
Uno de esos casos tiene relación con una investigación por malversación de caudales públicos y fraude al fisco ocurrido en la Municipalidad de Guaitecas, cuya investigación fue asumida en enero del 2018 por el propio Fiscal Regional, Carlos Palma. En este sentido, para el 5 de octubre se fijó el juicio oral en contra de 5 imputados por un millonario fraude al fisco detectado en Melinka, entre los que se incluye al ex alcalde y también al entonces jefe de Finanzas de la Municipalidad, entre otros.
La Fiscalía Regional de Aysén, que investigó este caso junto a la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, solicitará para los imputados Cristian Alvarado Oyarzo, Raúl Mansilla Barría, Rosario Saldivia Calixto, y Luis Melián Oyarzo, una pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco y en el caso de Cristian Tauda Krema, por fraude al fisco, la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo.

DILIGENCIAS
De acuerdo a lo hechos que logró establecer esta investigación liderada por el Fiscal Regional, Carlos Palma, quien ha trabajado junto al fiscal jefe de SACFI, Luis González y un equipo de abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica, el imputado Raul Mansilla, quien se desempeñaba como Jefe de Finanzas de la Municipalidad de Guaitecas, y Cristian Alvarado, como Alcalde de la referida Municipalidad, aprovecharon las funciones públicas que desempeñaban, y el hecho de tener a su cargo dineros fiscales, para sustraer dineros de las cuentas corrientes bancarias de la Municipalidad de Guaitecas y de la Planta Eléctrica dependiente.
Para ello, determinó la investigación conjunta de la Fiscalía y la PDI, transfirieron dinero de forma electrónica hacia sus propias cuentas o hacia cuentas de terceros, sin respaldo alguno, aprovechando los tokens o claves digitales que poseían por su cargo. Incluso, adquirieron bienes y servicios en provecho propio o de terceros, a cuenta de la Municipalidad, realizando operaciones fraudulentas y transfiriendo fondos públicos que respaldaron mediante facturas y decretos de pago ideológicamente falsos.
Dichas acciones fraudulentas, según estableció la investigación penal, se realizaron con el acuerdo y participación de Rosario Saldivia Calixto, cónyuge de Raúl Mansilla y entonces Bibliotecaria de la Municipalidad de Guaitecas y de Luis Melián Oyarzo, que ejecutaba labores como contador externo de la planta eléctrica de Melinka. Ellos facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para la recepción y desvío de los dineros fiscales y, además, en el caso de Melián Oyarzo, entregaron facturas de otras entidades comerciales, logrando de esta forma sustraer dineros y defraudar al erario público y por ende, a toda la comunidad de Guaitecas.
En estas maniobras también participó directamente Cristian Tauda Krema, quien aprovechando que se desempeñaba como Jefe de la Planta Eléctrica dependiente de la Municipalidad, y previamente concertado con Raúl Mansilla y Cristian Alvarado, consintió y autorizó expresamente el pago de combustibles y otros servicios según daban cuenta facturas de tres entidades comerciales, a sabiendas que dicho combustible nunca se había adquirido, lo que no era sino parte de un plan elaborado para respaldar el egreso de dineros fiscales de la cuenta corriente de la Planta Eléctrica de Melinka, logrando de esta forma efectuar un fraude que alcanza los $341.681.830.
En el juicio oral cuyo inicio está previsto para el 5 de octubre, la Fiscalía podría exhibir 66 pruebas documentales, 51 testigos, 7 peritajes, 3 peritos y otros 52 medios de prueba, como parte de esta investigación por corrupción pública que coordinó la Fiscalía Regional de Aysén junto a la Policía de Investigaciones.