El defensor local de Aysén destacó que, por una investigación deficiente, su representado debió permanecer encarcelado sin tener responsabilidad en los hechos.

Puerto Aysén.- Absuelto de todo cargo, luego de pasar un año en prisión preventiva, quedó Jeremías Santana Lagos, quien fue acusado del delito de homicidio en contra de un hombre de 46 años, hecho ocurrido en la ciudad de Puerto Aysén, el 21 de enero de 2021.

La víctima, Humberto Palavicino Rodríguez, estaba compartiendo con otras personas en una casa de Puerto Aysén el 21 de enero del año pasado, cuando cerca del medio día fue atacado con un arma cortante que le produjo heridas mortales en el cuello.

Por este hecho es que se imputó a Jeremías Santana Lagos decretándosele prisión preventiva. Sin embargo, en juicio oral terminado el 18 de febrero pasado, se lo absolvió de todos los cargos y fue dejado en libertad.

Específicamente, la sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal, integrado por los jueces Pablo Freire Gavilán, Rodrigo Loyola Brito y Rosalía Mansilla Quiroz, destacó que “este tribunal no ha podido formarse convicción más allá de toda duda razonable, que el acusado Santana Lagos haya tenido participación como autor u otro tipo de participación culpable y penada por la ley, en el homicidio de don Humberto Palavicino, pues la prueba testimonial presuntamente inculpatoria es contradictoria y poco fiable, y ningún otro antecedente lo inculpa de modo directo e inequívoco”.

Dudas en la investigación
Roberto Silva Jara, defensor público de Santana Lagos, explicó que Fiscalía sindicó a su defendido como autor del homicidio, básicamente por la declaración de un testigo presencial que en un primer momento señaló no haber visto nada. “En una segunda declaración – comentó el defensor – refirió que mi defendido habría sido quien atacó a la víctima (…) el fundamento de la a sentencia es contundente en cuanto a que este testigo dio cerca de tres declaraciones distintas y contrapuestas a lo largo de la investigación e incluso, en juicio oral dio una cuarta versión”.

El defensor público destacó que, por el contrario, su representado siempre señaló que él no tuvo participación en el homicidio, y que lo único que hizo fue tratar de ayudar a la víctima acercándose hasta donde yacía en el suelo y poniendo un paño en su cuello, para intentar detener el sangrado. Esta acción provocó que sus manos se mancharan de sangre “precisamente fue eso lo que llevó a Fiscalía imputarle este delito”, precisó el defensor.

Por otra parte, a juicio de la defensa existió una deficiente investigación del caso. A modo de ejemplo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) que llegó al lugar poco después de cometido el delito, no encontró el arma homicida al hacer la revisión del sitio de suceso, “sino que varias horas después – explicó Silva – es este testigo quien les dijo a los policías que este cuchillo se encontraba a seis o siete metros del lugar donde se cometió el asesinato; lugar que quedó sin resguardo policial y cuchillo que, además, pertenecía al testigo que acusaba a mi representado”.

Para Roberto Silva, a raíz de lo ocurrido en este caso, se derivan dos situaciones muy complejas y dolorosas. “Primero, queda un delito sin resolver – dijo – sin encontrar a su responsable y con ello, una familia no tiene respuestas, ni justicia. En segundo lugar, mi defendido fue muy afectado ya que pasó un año privado de libertad, con todo lo que ello significa, es decir, pérdida de su empleo y oportunidades laborales, prejuicio social por haber estado en prisión y escarnio social porque la comunidad aysenina lo responsabilizó por este hecho. Sobre todo, la privación de libertad, siendo inocente, resulta inaceptable y generó en él un daño irreparable”, concluyó.