El Presidente Sebastián Piñera resaltó la opción del Gobierno de no adoptar el Pacto de Migraciones de Marrakech al considerar que fomenta la migración irregular y genera nuevos deberes y obligaciones para las naciones que pueden resultar contrarios a los intereses.

Santiago.- El Jefe de Estado señaló que el pacto promueve la migración irregular al dificultar la detención de esas personas y otorgarles derechos sin que cumplan con los requisitos de nuestro país y que convierte en difusa la distinción entre migrantes y refugiados, y entre migrantes regulares e irregulares.

Por otro lado, el Mandatario afirmó que la iniciativa introduce nuevos deberes para los Estados, como el crear condiciones para el desarrollo económico y social de aquellos migrantes que son expulsados, teniendo la obligación de ocuparse de su protección social, asistencia psicológica y oportunidades de empleo. La iniciativa obliga así a una revisión de su legislación, políticas públicas, actos administrativos y la necesidad de suscribir nuevos acuerdos bilaterales o regionales.

“El Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras, quién y bajo qué condiciones puede ingresar a su territorio, y a quiénes otorgar beneficios”, dijo el Presidente en el Palacio de La Moneda.

El Jefe de Estado reiteró el compromiso del Gobierno para promover una migración segura, ordenada y regular, y destacó el proceso puesto en marcha este año y que ha permitido encauzar bajo el marco de la ley la situación de miles de migrantes que se encontraban en Chile de manera irregular.

“Como Presidente de Chile, cumpliendo con mi deber de conducir las relaciones internacionales y pensando sólo en el interés de Chile y de los chilenos, he decidido no adoptar el Pacto de Marrakech”, sentenció el Mandatario al reiterar que “lesiona y no resguarda el interés de Chile y los chilenos, que incentiva y pone el foco en la migración irregular, que facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de Chile, y que dificulta el resguardo de nuestras fronteras y limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de migración”.