Por Elson Bórquez, Ingeniero Químico y Máster en Ciencia Política.

No cabe duda de que las imágenes vistas en televisión y redes sociales impactan, tanto por la masividad en las calles y, lamentablemente, por los destrozos y saqueos que un minúsculo grupo aprovecha para satisfacer egoístamente, sus necesidades individuales por encima de la civilidad, las leyes y normas que nos rigen como ciudadanos. Por cierto, que cuando las personas se manifiestan en las calles en un sistema democrático, es deber del Estado resguardar ese derecho y al mismo tiempo detener y sancionar duramente a quienes cercenan ese derecho y actúan al margen de la legislación vigente. Para ello, las herramientas constitucionales deben aplicarse con el justo criterio que rige para todo jefe de Estado, ningún demócrata podría estar en contra de aquello.
Despejando aquello, lo acontecido en estos días no es una reacción solo por el alza de la tarifa del metro -que es uno de los pocos símbolos de equidad que tiene nuestro Estado- sino que es el resultado de la implantación de un modelo desarrollo socioeconómico que tiene alrededor de 40 años, que separó a Chile de la corriente latinoamericana que enredó su crecimiento producto de seguir anclada en la lógica de guerra fría. Modelo que efectivamente dio paso a la generación de un sistema financiero que dinamizó la economía local y desarrolló rubros que generaron trabajo y donde el sector privado se consolidó como eje de la economía criolla. Todo lo anterior, fue implantado bajo un régimen político que restringió libertades y derechos civiles y que tuvo como lógica central instaurar el modelo amparado en una Constitución Política que consistió en reducir el Estado y promover la iniciativa privada en todos los sectores de la economía donde era rentable el lucro. Fue así como se vendieron empresas del Estado que controlaban áreas estratégicas de la economía, como el agua, la electricidad, el transporte, telecomunicaciones y la logística marítima, entre otras, dando paso a un nuevo rol del Estado que simplemente regula y dicta normas, junto a la apertura a las importaciones que lograron bajar precios y al mismo tiempo destruyeron a productores locales.
Lo anterior, en sus primeros años de funcionamiento no visualizó la enorme separación que se comenzó a gestar entre clase trabajadora, productores, medianos y grandes empresarios y la gran clase media de la época. Se masificó el crédito para todos y todas, como forma ingresar a las personas a la rueda económica y comenzar a fortalecer el sistema financiero. Ello generó una primera fiebre de consumo y prosperidad material que tuvo su auge en la década del 90 y que permitió el acceso a bienes materiales con la correspondiente mejora en la calidad de vida presente de ese entonces. Todo como parte de una transición política pacífica.
Sin embargo, tras bambalinas de la fiebre del consumo, el crédito y el buen ciclo económico global, se comenzaron a consolidar las fracturas y desigualdades que hoy muestra nuestra sociedad: segregación de barrios y territorios, sistema previsional fracasado, educación pública para pobres, salud pública con escasos especialistas, transporte publico mas caro que Europa, infraestructura vial privatizada. Todo ello mediante una clase política que vio con buenos ojos como el modelo económico en las cifras globales se comporta como es debido, pero que en la microeconomía muestra su peor cara; la deshumanización y donde la calidad de vida depende de cuantos ingresos tienes o cuantas redes de contacto cultivaste en determinado colegio privado o universidad.
Ello generó hastió en quienes no tienen acceso a los bienes y servicios públicos de pago, pues les queda conformarse con lo gratuito que brinda el Estado, que solo cumple con el mínimo que impone la Constitución, pero que evidentemente no es digno para un país con más de U$20.000 de ingreso per cápita. Hastió que se aceleró con todos los casos de corrupción conocidos en variadas instituciones públicas y políticos de lado y lado.
El estallido tuvo su hora, avisó el año 2006 con la revolución pingüina, se consolidó con los dirigentes universitarios -y hoy diputados- del 2011 y que ha sobrepasado a Gobierno y Oposición a partir del pasado viernes 18 de octubre de 2019.
¿¿Ahora que nos queda…?? Que es un modelo de desarrollo…Es, en palabras simples, el ordenamiento jurídico, social y económico que se dan las naciones para ordenar las relaciones entre sus ciudadanos, instituciones y da cuenta de la forma en que el país pretende progresar y alcanzar niveles de desarrollo acorde a las capacidades humanas y los recursos que le entregó la naturaleza, en concordancia a la evolución tecnológica y ética humana. ¿¿Es posible corregir, como se hace??
El ciclo de este modelo cumple 40 años y se agotó, es hora de mirar la carta fundamental que nos rige, sin temor, los chilenos hemos aprendido a ser responsables con nuestra familias y país, es la oportunidad de borrar las desigualdades institucionales, de tener una economía al servicio de las personas, que el ciudadano como actor social y consumidor necesita más protección. Las relaciones deben propender a ser mas horizontales, que la ganancia legitima sea justa, que las prestaciones sociales sean dignas, que haya cárcel efectiva para los inescrupulosos y corruptos, que el Estado pueda normar debidamente pero también intervenir y producir si es necesario.
Un acuerdo político que derive en una sesión de Congreso pleno, donde el presidente de la República le anuncié al país un proceso constituyente, donde nadie imponga nada, sino que solamente nos mueva el reconocimiento explícito a que la cultura del abuso y la cara de la desigualdad deben ser corregidas, nos llevará encontrar un justo equilibrio para hacer realidad un Chile donde: TODO EL MERCADO QUE SEA POSIBLE Y TODO EL ESTADO QUE SEA NECESARIO.