Estamos en medio de la fase más aguda de la crisis sanitaria, concentrados en enfrentar la enfermedad y resolver las necesidades más apremiantes de chilenas y chilenos. Otras preocupaciones -importantes, pero subalternas- no debieran ocupar nuestro tiempo. Por ello, lamentamos tener que distraer un momento para responder a la situación que se ha suscitado a raíz de la decisión del Congreso Nacional y sus parlamentarios respecto a la reelección de autoridades, de la cual nos enteramos por la prensa. Al respecto coincidimos en la necesidad de renovar la política y permitir ensanchar las posibilidades para todos. Las autoridades locales siempre hemos estado sometidos a la voluntad popular, a quién le rendimos cuenta día a día en el territorio.

2.- Hoy los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de Chile hemos estado concentrados en la grave emergencia que azota al país, respondiendo en cada territorio con nuestros equipos municipales a las urgencias de las personas. Esa es nuestra primera misión. Como es sabido, los servicios de salud están colapsados y las dificultades económicas, derivadas de la urgencia sanitaria, generan otras carencias que hemos debido atender en medio de una baja generalizada de recursos municipales, que no ha sido resuelta aún en toda su magnitud.

Nos hemos puesto a disposición de las autoridades nacionales y de las organizaciones sociales para contribuir a la búsqueda de soluciones ante las crisis. Ayer fue en el estallido social y hoy en la pandemia. La opinión pública ha valorado este trabajo lo que agradecemos muy sinceramente. Por cierto este alto aprecio nos compromete a redoblar los esfuerzos en las comunas y localidades del país.

3.- Respecto a la reciente decisión parlamentaria nos asiste el deber de señalar que nuestro mandato deriva de elecciones competitivas: no ha habido nunca sistema binominal para elecciones municipales. Así, la competencia para la generación de autoridades locales ha sido la constante de un sistema electoral competitivo. Tanto es así que en la elección municipal de 2016 hubo 19 listas que correspondían a 17 pactos. En la elección de concejales se inscribieron 12 mil candidatos marcando una cifra histórica en elecciones locales. Tras cada elección un número significativo de alcaldes y concejales deja de serlo y da lugar a otras autoridades. Todos ellos han cumplido con ser la primera respuesta del Estado a sus vecinos, y han canalizado el sentir de millones a través de un trabajo constante y cercano a la realidad de sus territorios. Es parte de la esencia de la democracia representativa que el pueblo elija a sus autoridades porque confía en que gestiona o gestionará los asuntos colectivos como si fueran los suyos propios, y creemos firmemente que los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de nuestro país hacen realidad esta máxima.

4.- Resulta oportuno señalar que antes de la aprobación de la Reforma Constitucional que limita la reelección de autoridades, el proceso electoral municipal ya estaba en marcha, lo que produjo efectos no advertidos en la discusión legislativa: algunos concejales habían renunciado para no generar inhabilidades en su presentación a otras contiendas y varios alcaldes estaban analizando los plazos para tomar decisiones. Algunos de ellos incluso habían renunciado a su cargo para respetar el marco jurídico que regula los actos electorales. Otros renunciaron a su militancia o, se inscribieron en algún partido político para dar cumplimiento a lo señalado por la ley. Evidentemente esto ha afectado el buen funcionamiento de los concejos municipales en momentos donde toda la atención debería estar centrada en la contención de la pandemia.

En medio de esto, y por razones atendibles, se aprobó posponer esta elección pero sin cambiar los plazos para inhabilidades. El apego a la ley que normalmente muestra el legislador, en este caso, –incomprensiblemente– no lo tuvo. Las reglas del juego siempre necesitan ser claras previamente a cualquier proceso electoral, cambiarlas durante el proceso es profundamente antidemocrático, arbitrario y muestra improvisación a la hora de legislar. Es el pueblo soberano el encargado -mediante el sufragio- de determinar si quiere o no que una autoridad continué en su cargo. Limitar ese derecho sólo por imperio de dictar leyes no parece ser el camino más adecuado ni el más prudente. Rehuir de esta discusión pública, donde se debaten elementos sustantivos de nuestra democracia, no nos parece el camino.

Entendemos que en el Congreso se haya dado un debate para promover la renovación de senadores y diputados, respetamos eso y respetamos sus decisiones. Valoramos el ejercicio democrático que esta decisión significa para el Congreso, pero en el plano local genera efectos indeseados. Cambia las reglas del juego en medio de un proceso en marcha. Reiteramos que estamos frente a sistemas electorales distintos y que el proceso electoral de la próxima elección municipal ya había comenzado.

5.- Ni los alcaldes, concejales, ni la ciudadanía fueron convocados a debatir en un tema tan trascendente. Es más, si se respeta y protege de manera absoluta la voluntad popular debieron haberse considerado formas amplias de participación y opinión. Simplemente nosotros no hemos sido parte de esa reforma.

Queremos lo mejor para nuestro país y así lo hemos demostrado en estos difíciles días para nuestra querida Patria, por lo cual en ese espíritu republicano que nos anima, seguiremos trabajando con más ahínco que nunca por buscar el mayor bienestar para nuestras comunas. Solicitamos, en ese mismo espíritu, que las autoridades políticas y legislativas intervengan –por única vez– en esta decisión, corrigiendo una decisión inconsulta con los propios afectados.

Hacemos especial hincapié en los más de 700 concejales que se verán intensamente afectados por esta reforma. Son ellos y ellas los que hacen un esfuerzo incansable en los territorios, haciendo llegar la voz de las comunidades, juntas de vecinos, organizaciones sociales y tantos otros actores locales.

El mundo municipal, que ha sido valorado por la ciudadanía por su oportuno actuar en los últimos meses, requiere un trato respetuoso, en que las decisiones legislativas no distorsionen la voluntad popular manifestada en cada comuna del país.