Los primeros días de febrero se promulgó la ley que sanciona el comercio ilegal, entregándoles a diversas instituciones nuevas herramientas para hacer frente a este complejo problema, iniciativa que se suma a los cambios que introdujo la Ley N° 21.336 a la Ordenanza de Aduanas -en mayo del 2021- para aumentar la gravedad de los delitos de contrabando de productos como cigarrillos o tabaco, bebidas alcohólicas, fuegos artificiales, productos farmacéuticos y juguetes.

Estas normativas sin duda alguna son un gran avance para poder perseguir con mayor eficacia a quienes comenten este tipo de delitos, dentro de los cuales se encuentran bandas criminales altamente organizadas y con grandes recursos.

Como parte de la gestión del Servicio Nacional de Aduanas, hemos abogado en todas las instancias donde participamos –gubernamentales, legislativas e interinstitucionales- para que las leyes sancionen con mayor severidad la ocurrencia de estos delitos, porque sabemos de primera mano que se trata de una problemática difícil de abordar y que requiere la coordinación de muchas instituciones.

En nuestro caso, como garante o protectores de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, nos enfrentamos todos los días a los contrabandos, por lo que tenemos planes de fiscalización específicos de acuerdo a los tipos de productos.

Nuestros análisis de inteligencia abordan los modos de ocultamiento, procedencia, rutas, empresas involucradas en las importaciones y otros detalles correspondiente al intercambio de información que tenemos con las policías, las fuerzas armadas, las fiscalías, diversos ministerios o el Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros organismos.

También trabajamos estrechamente con la red de inteligencia RILO de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y con otras instituciones internacionales y de otros gobiernos. Además, somos parte activa de una serie instancias de trabajo, como la Mesa de Nacional de Seguridad de Productos junto al Sernac o el Observatorio del Comercio Ilícito de la CNC.

Utilizamos softwares especializados y ya estamos incorporando con fuerza la minería de datos, conscientes que a mayor calidad de los análisis que podamos realizar mayores filtros de seguridad y fiscalización podremos levantar para impedir que el comercio ilegal siga creciendo y llegando hasta las calles de nuestras ciudades.

Por eso creemos firmemente que se debe seguir en esta línea de trabajo que profundiza las diferentes normativas para combatir al crimen organizado y los diversos tipos de delitos que comenten.

Nuestro objetivo es contar con más y mejores herramientas para que la efectiva fiscalización que hacemos en los diversos puntos de control tenga su correlato en la persecución penal y en condenas más severas, desincentivando de alguna forma su ocurrencia.

Por José Ignacio Palma Sotomayor

Director Nacional de Aduanas