Los diputados Marcia Raphael (RN) y Christian Matheson (IND), ambos parlamentarios del extremo sur del país, manifestaron su preocupación por el instructivo emanado del Ministerio de Medio Ambiente que frena concesiones acuícolas, y que transgrede la ley 21.600 aprobada en el Congreso.
Valparaíso.- El instructivo es idéntico a una indicación que fue rechazada en la comisión mixta tras una larga tramitación, ante lo cual los diputados Raphael y Matheson están sorprendidos y molestos por la decisión del gobierno.
La diputada Marcia Raphael señala que “Lamentablemente sale un oficio del Ejecutivo cuya materia es la suspensión de procedimientos de otorgamiento de concesiones en áreas protegidas que no cuenten con plan de manejo vigente y requerimiento de informe favorable previo al otorgamiento. Vale decir, nosotros hacemos una ley en el Congreso, una ley que rechaza esta indicación de la ministra de Medio Ambiente y hoy un documento del ejecutivo dice lo contrario.”
Al respecto el diputado Christian Matheson, explicó que “nos hemos enterado que el día 22 de septiembre el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un documento en que solicita a todas entidades gubernamentales no se otorguen más concesiones en áreas protegidas, esto había sido desechado en el proyecto de ley de Servicios de la Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
“En Magallanes, ya se ha reducido en 2 mil los trabajadores en este rubro, en esta industria y está provocando gran cesantía que se acrecentará si es que se destruye la actividad acuícola en la zona”.
Finalmente, la diputada Marcia Raphael dijo que: “En el caso de Aysén la actividad salmonera representa más del 35% del PIB regional. La actividad salmonera en nuestro país es la segunda actividad productiva más importante, después de la minería y Chile es el segundo mayor productor del mundo después de Noruega. En nuestra región también tiene una gran incidencia en el desarrollo y empleo, por lo tanto, hacemos un llamado al ejecutivo que no borre con el codo lo que el Congreso aprobó. Claramente esta es una vulneración a la voluntad del congreso y por supuesto a la voluntad democrática de nuestro país.
