El Consejo Regional del Colegio de Periodistas se refirió al proceso de reorganización de la Universidad de Aysén, contenido en el denominado “Plan de Recuperación” recientemente comunicado. Públicamente ha trascendido que más de 60 personas serían las que quedaron sin sus fuentes laborales, debido a la delicada y alicaída gestión financiera que tuvieron las personas responsables en la toma de decisiones.
Ante esto, la organización manifestó:
• Nos preocupa, como profesionales de la comunicación, un capítulo en específico que se refiere al desmantelamiento completo de la Unidad de Comunicaciones de la universidad. En dicha área participación periodistas, audiovisualistas, diseñadore/as gráficos, quienes han visto que el mencionado “plan” eliminó de la estructura universitaria sus esenciales funciones.
• Esta decisión marca un precedente particularmente paradójico, ya que en el delicado momento que vive la universidad es clave mantener un proceso de comunicación efectiva con quienes integran la comunidad universitaria así como también con entidades colaboradoras, colegios, padres y madres (en etapa de admisión), y otros públicos internos y externos.
• Esta función recae precisamente en la Unidad de Comunicaciones, que cumple un volumen no menor de labores del quehacer universitario, las que deben ser realizadas por profesionales competentes al área. Eliminar de la estructura organizacional este espacio sienta bases complejas para su presente y, también, futuro.
• La señal que se da desde una entidad dependiente de Estado es una amenaza real para ejercicio de nuestra profesión en entornos institucionales, que están regulados por la Ley sobre Libertades Opinión e Información, y ejercicio del Periodismo, esperando que el desempeño de la Universidad de Aysén en este ámbito se homologue al de todos los organismos públicos, donde se prohíbe que estas labores sean ejercidas por personas ajenas a la profesión de periodistas.
• Sumado a lo anterior, como profesionales pero principalmente como trabajadores de la comunicación, queremos expresar nuestra más profundo rechazo por las medidas adoptadas, manifestando nuestra solidaridad con todas las familias afectadas, quienes bajo su propio esfuerzo y compromiso han debido enfrentar no sólo el escenario de perder sus fuentes de ingreso sino que también el cuestionamiento público por el desarrollo de sus funciones y, más aún, ver precarizados sus ingresos con el pago fraccionado de sus respectivas remuneraciones.
