Como un gran paso que busca evitar la victimización secundaria en niños y adolescentes producto de la multiplicidad de declaraciones que han sido víctimas de delitos graves, calificó el Seremi Cristian Díaz Sandoval, la reciente promulgación por parte de la Presidenta Michelle Bachelet de la ley que establece un sistema de entrevistas videograbadas para menores y adolescentes víctimas de delitos graves.
Coyhaique.- Dicha iniciativa legal establece que los menores, al momento de prestar declaración solamente tendrán contacto con personas especialmente capacitadas para ello, en espacios acondicionados que garanticen su privacidad e intimidad. Ahora, la puesta en marcha del sistema será gradual y se estima que en el transcurso de dos años esté instalado completamente en todo el país.
El Seremi de Justicia y DD.HH, Cristian Díaz Sandoval hizo eco de las palabras expresadas por la Presidenta, en el sentido que “para un niño, niña o adolescente, ser víctima de un delito grave es una experiencia suficientemente traumática como para que además se vean sometidos a un proceso penal que les haga revivir reiteradamente el hecho injusto y traumático que han sufrido”.
Ahora, cabe mencionar que el proyecto cuenta con dos etapas: la entrevista investigativa, que reemplaza a las múltiples declaraciones actuales, y la declaración judicial, realizada en una sala aparte en el tribunal por la persona que entrevistó al niño o niña. Además, se establecen otras medidas de protección para los niños y adolescentes víctimas de delitos graves, entre ellas habilitar al juez de garantía para decretar medidas antes de formalización de la investigación, tendientes a proteger su integridad física.
La ley establece además que las personas que desempeñarán funciones de entrevistador e intermediario judicial, deberán contar con una formación especializada y estar acreditados en un registro especial, que será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Finalmente, señalar que con la promulgación de esta ley se está dando un paso más en materia de protección de infancia, contando con una herramienta que cautela y pondera cuidadosamente los derechos de la defensa, pero protegiendo y asegurando la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
