Una exposición preliminar del Plan Nacional de Derechos Humanos realizó el Seremi de Justicia y DD.HH, Cristian Díaz Sandoval, en lo que fue la primera reunión del año 2018 de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, realizada ayer en dependencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Cabe mencionar que dicha comisión está integrada por el Presidente de la Corte de Apelaciones, el Fiscal Regional, Defensor Regional, el Jefe de Zona de Carabineros de Chile, Jefe de Zona de la Policía de Investigaciones de Chile y en calidad de invitado permanente el director regional de Gendarmería.
Coyhaique.- Respecto a la importancia de abordar esta temática con quienes participan de dicha instancia, Cristian Díaz explicó que “consideramos pertinente exponerles a la Comisión el Plan Nacional de Derechos Humanos por cuanto todos los servicios involucrados en mayor o menor medida tienen acciones comprometidas para los próximos 4 años, si bien fue una exposición preliminar da cuenta de lo que se está haciendo en materia de protección de los DD.HH, y además de gestión para el periodo que se viene, así también esperamos poder compartirlo con los actores que en algún momento participaron en el proceso de generación del mismo y entregarles el material que corresponda”.
Cabe mencionar que el Plan de Derechos Humanos es de suma relevancia para nuestro país, por cuanto cambia la gestión de la política pública hacia las personas en general, y abarca las más diversas áreas, desde por ejemplo personas en situación de discapacidad, diversidad de género, equidad territorial, entre otras, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer esta herramienta de política pública que generó el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y que va a regir en cuanto a administración pública los próximos 4 años que es el plazo legal que se establece para su vigencia.
Finalmente, señalar que la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal está establecida por Ley y su objetivo es desarrollar labores de coordinación, seguimiento y evaluación del sistema procesal penal en la región, así como de sugerir propuestas tendientes a mejorar su funcionamiento. Adicionalmente, su trabajo deberá estar orientado a permitir la implementación local de aquellas propuestas o políticas públicas que se definan en la Comisión Nacional, generando una adecuada retroalimentación que potencie el trabajo de ambas instancias.
