Fiscal Regional efectuó primera cuenta pública enfatizando en la importancia del trabajo colaborativo

Con importantes reflexiones acerca de la necesidad de generar conversaciones productivas entre las distintas personas y organizaciones ligadas al sistema de justicia penal, a fin de generar las confianzas necesarias para desplegar un mejor trabajo que beneficie realmente a la comunidad, el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, efectuó su primera cuenta pública con una amplia asistencia de autoridades, dirigentes vecinales, fiscales y funcionarios e incluso usuarios de la Fiscalía.


Coyhaique.- “Al suprimir la competencia comenzamos a colaborar inmediatamente con los demás, porque en ese momento dejo de estar centrado en ser mejor que el otro. Puedo mirar lo que el otro hace y aprender de él o ella, y el otro puede mirar lo que yo hago porque también no está compitiendo conmigo”, expresó el Fiscal Regional a los asistentes en el Hotel Dreams, evocando las palabras del biólogo y filósofo, Humberto Maturana, a fin de motivar la colaboración efectiva entre las diversas instituciones.

DELITOS
Ante un auditorio colmado de asistentes, Carlos Palma informó también que durante el año 2017 ingresaron 8.197 causas a las fiscalías de la región, cifra que es un 10% inferior al 2016. “Luego de un crecimiento constante de los ingresos entre los años 2002 y 2011, comienza un ciclo de estabilización hasta el año 2016, ligeramente por sobre las 9.000 causas anuales, para posteriormente caer el año 2017”, explicó la autoridad.
En cuanto a la distribución, Coyhaique concentra el 65% de los ingresos regionales, seguida de Puerto Aysén con un 21%, Puerto Cisnes con un 6% y Cochrane y Chile Chico con un 4% y 3% respectivamente.
Respecto de la composición que tienen los delitos en la región, “queda en evidencia la triste realidad regional, de que son los delitos relacionados a violencia al interior de la familia -me refiero principalmente a maltrato habitual, lesiones leves y menos graves y amenazas – los que tienen la mayor frecuencia, con un 12,2% de incidencia sobre el total”, detalló Carlos Palma. Le siguen en orden de importancia, los hurtos y las faltas, con un 10,4% y 9,8% respectivamente.
Otro aspecto que mencionó, es que dentro de las categorías de delitos más frecuentes, están presentes los delitos de la ley del tránsito (principalmente la conducción en estado de ebriedad) con un 8,3%; las lesiones con un 7,5% y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (principalmente las amenazas respecto de terceros) con un 7,4%. “Esto devela que la dualidad alcohol y agresión en cualquiera de sus formas son comunes denominadores en la zona”, dijo el Fiscal Regional.

TÉRMINOS DE INVESTIGACIONES
También la principal autoridad del Ministerio Público en la región, manifestó que durante el año 2017, la Fiscalía terminó un 58% de sus investigaciones por los denominados términos judiciales, 15 puntos por sobre el promedio nacional en la materia. Estos términos, que agrupan aquellas salidas que requieren de un pronunciamiento judicial, como por ejemplo, las sentencias condenatorias y absolutorias, los sobreseimientos definitivos y temporales, las salidas alternativas y las decisiones de no inicio de la investigación, son términos que usualmente se denominan “de calidad”, por cuanto implican mayores esfuerzos investigativos y son resueltos por los Tribunales de Justicia.
En cuanto a los términos facultativos, es decir, aquellos términos en que es la propia Fiscalía la que decide concluir el procedimiento, destaca el archivo provisional del año 2017 el cual asciende a 28,7%, casi 19 puntos porcentuales más bajo que el promedio nacional.
Estos positivos resultados no habrían sido posibles sin la “colaboración decidida y constante tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones, instituciones a las cuales agradezco enormemente su esfuerzo y colaboración, y respecto de las cuales esperamos seguir trabajando en el futuro con aún mayor dedicación, compromiso y por sobretodo, cercanía y confianza”, aseveró el persecutor penal.