“Un 19,0% de la población en Aysén, vive en situación de pobreza multidimensional según los registros de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del Ministerio de Desarrollo Social, donde se advierte que durante los años 2015 y 2017, esta cifra paso de un 16,9% a un 19,0%; registrando un aumento de un 2,1%. Esto, es un hecho que no se puede desconocer, y que marca un desafío en todo el trabajo que debemos hacer, ya en la primera administración del Presidente Sebastián Piñera logramos disminuir considerablemente la pobreza y es el camino que debemos retomar.” Puntualizó la Seremi de Desarrollo Social, Dominique Brautigam.
Aysen.- Análisis de la encuesta CASEN 2017, que entregó estos datos respecto a la situación socioeconómica de los hogares y la población de todo el territorio nacional, donde en el caso de la región de Aysén la Pobreza Multidimensional que mide las áreas de: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y entorno, incorporando redes y cohesión social; registró un aumento en los últimos años del Gobierno anterior, situación que debe ser revertida, como lo explicó la propia autoridad ministerial. “El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ha demostrado la ejecución de acciones concretas en favor de dinamizar nuestra economía y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y como Ministerio estamos concentrados en mejorar la gestión para llegar a través de beneficios y servicios a las familias más necesitadas, mejorando sus condiones de vida. También, como parte del gobierno, debemos promover la iniciativa privada, para generar condiciones favorables y certeza para las empresas y de esa forma generar mejores trabajos, mayor estabilidad y seguridad para los trabajadores. Prueba de este trabajo por disminuir las brechas de desigualdad y promover la iniciativa privada, son los últimos proyectos de ley que lanzó el Presidente Sebastián Piñera, entre ellos la ley de modernización tributaria y el estatuto de trabajadores jovenes para que las personas que quieran iniciar un emprendimiento o menores de 30 años que requieran trabajar y estudiar, tengan notorias ventajas y garantias, con relación a los mecanismos actualmente existentes.”
En este contexto, Dominique Brautigam, manifestó que el aumento de la pobreza multidimensional en la región es una realidad que para ser revertida requiere del compromiso de todos los actores sociales que viven en la región, para elaborar un plan de trabajo que contenga la mirada de todos los sectores que hoy inciden en la actividad productiva local. Tal como ocurrió en la reciente reunión de la Mesa Público –Privada que permitió abordar las inquietudes y desafíos productivos de Aysén.
Para el Pdte. de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Coyhaique, Héctor Canales, la puesta en marcha de iniciativas de esta naturaleza, contribuirán a generar propuestas concretas que permitirán dinamizar la economía local que beneficie a toda la comunidad. “Tal como se lo manifesté a la Sra. intendente, cuando le plantee la necesidad de conversar los actores públicos y privados, para que repitamos las buenas experiencias de gobiernos anteriores, y tuvimos una muy buena el año 2004 y 2005, donde salió la actual Ley Austral donde pudimos fortalecer el decreto ley 889, que bonifica la mano de obra; o el decreto Ley 15 que estimula la inversión para las Pymes, creo que lo mejor puede nacer desde ahí, el Estado tiene que sentir que si bien es cierto coopera en más del 70% de nuestra economía, no es el único que puede actuar por sí solo, tiene que hacerlo en forma conjunta, y por supuesto, necesitamos incentivos para emparejar la cancha al igual que el resto del país. Creo que eso nace de una discusión abierta, con altura de mira, para contribuir al desarrollo, para que algún día el sueño de empezar a no depender tanto de medidas especiales del Estado, sino que sea el sector privado que otorgue más y mejores trabajos.”
De esta forma, la Seremi de Desarrollo Social, indicó que la disminución de la pobreza es una responsabilidad transversal, donde se requiere el compromiso de los actores sociales y autoridades políticas para colocar en el centro de sus discursos y acciones a las familias más vulnerables y dejar de lado sus propias ideologías políticas. El rechazo a la propuesta presidencial de aumentar el salario mínimo que planteaba un incremento de 10 mil pesos en agosto de este año, para crecer gradualmente en 25 mil pesos a marzo de 2020, ósea un aumento muy superior a lo experimentado en los gobiernos anteriores, otorgando certeza al sector privado y facilitando la planificación en tal materia, es una muestra de desconocimiento o intransigencia de algunos sectores. Un hecho concreto que habría impactado positivamente a las familias más vulnerables de la región, que vieron cómo a través de una decisión política, la posibilidad de aumentar sus ingresos se vio imposibilitada desde el Congreso y que nos desafía a seguir trabajando.
