Proyecto de la Senadora Ordenes sobre acoso en el ámbito académico fue aprobado en la comisión de educación

Un importante avance en su tramitación tuvo el Proyecto de Ley que busca sancionar el Acoso Sexual en el ámbito académico, de autoría de la senadora Ximena Órdenes y la Red de Investigadoras, y que fue aprobado en general en la Comisión de Educación del Senado.
La iniciativa busca regular y sancionar la vulneración a la libertad y dignidad de las personas, como también al principio de igualdad y no discriminación, particularmente para quienes son víctimas de abusos al interior de los distintos planteles educacionales.
Valparaiso.- La senadora Ordenes agradeció el apoyo que tuvo el proyecto de ley -ingresado en el mes de Mayo para su tramitación y que además cuenta con la firma de de Isabel Allende, Ena Von Baer y Carlos Montes – y que durante este Lunes fue aprobado en la Comisión que preside Yasna Provoste.
“Es un paso importante para una legislación trascendental en nuestro país, dado que es deber de todas las instituciones de educación, de todos los niveles formativos, el adoptar activamente aquellas medidas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia contra las mujeres, debiendo promover el buen trato y relaciones igualitarias de género”, señaló la parlamentaria.
Ordenes añadió que el proyecto cuenta con el trabajo de la Red de Investigadoras, y “cobra importancia después de un año 2018 donde las mujeres, las estudiantes, las académicas de Chile, han salido a la calle y se han tomado los distintos planteles universitarios y secundarios en demanda de mayor respeto, de mayor dignidad, y para poner fin a los abusos que se han producido a lo largo de nuestra historia en el marco de las relaciones académicas”.
El proyecto establece el reconocimiento del vínculo académico en relaciones tales como la que hay entre tesista y guía, o entre estudiante y profesor/a, estudiante de escuela matriz y el respectivo/a superior/a, o entre estudiante en práctica y supervisor/a, compañeros de carrera o Universidad, ayudantes de cátedra, entre otros, cualquiera sea la nomenclatura que utilice la institución de educación, y cualquiera sea el lugar donde habitualmente se desempeñe el agresor, o la calidad jurídica del vínculo que éste o la víctima tengan con la institución de educación.
Asimismo, la iniciativa instituye un protocolo que contemple la existencia de sanciones administrativas internases, y obliga a los planteles de educación a contar con dicho protocolo para optar a la acreditación de la institución.