A raíz del corte de agua que afectó a la ciudad de Osorno durante casi una semana debido al vertimiento de 1.200 litros de petróleo a la red de distribución de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL), los senadores Ximena Ordenes y Guido Girardi anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca establecer la caducidad de las concesiones sanitarias cuando se ponga en riesgo la salud de las personas.
Valparaiso.- En su calidad de presidentes de las comisiones de Obras Públicas y Medioambiente, respectivamente, Ordenes y Girardi aseguraron que el pago de multas es un monto marginal si se consideran las ganancias de las sanitarias, y que poner el peligro la vida o la salud de las personas constituye una razón para revocar la concesión de una sanitaria, que en el caso de ESSAL, sería una concesión a perpetuidad.
En palabras de la senadora Ordenes, el proyecto de Ley busca especificar razones de caducidad de las concesiones otorgadas en materia de empresas sanitarias, “ya que sido testigos de una situación grave que ha afectado a toda la población de Osorno, cerca de una semana”.
Asimismo, junto con la presentación de un proyecto de ley para abordar esta materia, se debe “modernizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) sobre todo como se norman y establecen los procesos sancionatorios, establecer mayor participación ciudadana y transparencia en la participación en el proceso respecto a toma de decisiones y tarificación de las empresas sanitarias”.
Para la parlamentaria, es necesario que las empresas sanitarias tengan un compromiso real respecto de a la infraestructura resiliente en virtud de los procesos de cambio climático que estamos experimentando, y hoy día “tenemos una empresa, la empresa ESSAL, con derechos indefinidos, algo que hay que volver a revisar, volver a normar”.
“La Ley hoy día establece el derecho indefinido, pero establece también algunas razones de caducidad, pero son muy amplias: falta en el contrato de concesiones que las condiciones del servicio tengan un correlato con las exigencias que se han establecido, y que no se cumpla con el programa de desarrollo, pero no es suficiente”, aseveró.
Ordenes añadió que “lo que ocurrió en Osorno es de alta gravedad y hoy día esa debería ser en sí misma una razón, más allá de las compensaciones que se ha anunciado, nosotros creemos que esta lógica de la compensación amistosa no es suficiente”, criticando el anuncio del Gobierno de buscar una intermediación a través del SERNAC.
“Acá hay que hacer un llamado directo y una alerta para todas las empresas sanitarias del país, cuál es el compromiso que tienen con la provisión de un servicio tan vital, y efectivamente que no se acostumbren a pagar multas. Cuando uno tiene 85 sanciones y terminamos en multas que son mínimas, lo que ocurre es que todas las empresas sanitarias prefieren pagar las multas. Lo que se aplicó en Osorno alcanza 600 millones de pesos, pero eso es un monto marginal si revisamos las utilidades de cada una de estas empresas”, aseguró la senadora.
Ximena Ordenes dijo que espera que se avance con prontitud en paralelo a la discusión sobre la Reforma a la Ley General de Servicios Sanitarios que se tramita actualmente en el Senado.
