La crisis sanitaria que enfrentamos a nivel mundial, impone una serie de desafíos para la administración de justicia y la atención de personas, es así que la Defensoría Regional de Aysén ha adecuado sus procedimientos y protocolos, redoblando su compromiso con sus usuarios y usuarias, en especial con aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables, como son los adolescentes.
Aysen.- Es en este escenario que la unidad de defensa juvenil continúa realizando la atención de adolescentes imputados de faltas, delitos o crímenes, y de sus familias.
Destacando la importancia de contar con una defensa de calidad que asegure el respeto de los derechos y garantías de las personas, Israel Villavicencio, defensor juvenil en Aysén, comentó que “es necesario entender que cualquier persona, en particular cualquier adolescente, puede verse envuelto en una situación delictiva. No hace falta que sean “delincuentes”, sino que hay muchos casos en que las situaciones y las reacciones de las personas pueden influir en la comisión de un delito, y aún más si se es adolescente porque sus reacciones son muy emocionales y muchas veces sujetas a la valoración del grupo”, comentó.
Atención a adolescentes
Entre el 18 de marzo y hoy, la unidad de defensa juvenil de la Defensoría Regional de Aysén representó a ochos adolescentes que fueron formalizados por su presunta participación en faltas o delitos.
Los delitos por los que se los formalizó fueron violación de morada, daños simples, infracciones al toque de queda y contra la salud pública (artículo 318 del Código Penal), lesiones menos graves, robo en lugar no habitado y robo con intimidación. Ninguno de ellos quedó en internación provisoria, sino que el juzgado correspondiente les aplicó otras medidas cautelares, precisamente asegurar el éxito de la investigación y evitar nuevas faltas o delitos.
Según explicó Villavicencio, durante el contexto de la pandemia no se observa en la región una variación significativa del porcentaje de adolescentes formalizados o de las faltas o delitos por los que se los investiga. “Lamentablemente, tampoco hay una variación del factor común en los adolescentes que han sido formalizados, y que es estar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias psicotrópicas al momento de ser detenidos” destacó el defensor juvenil.
Por otra parte, hay otros ocho adolescentes que permanecen cumpliendo sanciones en un centro de régimen cerrado, dependiente de Sename ubicado en las afueras de Coyhaique, único de este tipo en la en la región.
Por motivos de seguridad sanitaria frente al COVID19, los adolescentes internos no reciben visitas presenciales de familiares y cercanos, pero sí se implementó un sistema de video conferencia para evitar un mayor deterioro de vínculos afectivos. Por otra parte, el defensor juvenil se entrevista con ellos cada diez días, aproximadamente, para comprobar su estado de salud, velar por sus derechos como sancionados a régimen cerrado, y saber si tienen requerimientos relacionados con su situación procesal penal.
Educación y adolescentes privados de libertad
Uno de los temas que preocupa a la Defensoría Regional de Aysén es la continuación de la formación educativa de estos adolescentes. Ello porque si bien se acordó con el Centro de Educación Integrada (CEIA), dependiente de la Municipalidad de Coyhaique, una modalidad de educación por video conferencia ello no ha podido concretarse por problemas del CEIA. “Actualmente solo tienen guías para desarrollar individualmente y talleres internos del centro – comentó Villavicencio – lo que no resulta adecuado para estos adolescentes”.
Según explicó Villavicencio, los jóvenes que representa la Defensoría Penal Pública son, en su mayoría, adolescentes que no tienen mayores vínculos con el sistema educativo formal y esta paralización puede provocar un mayor desarraigo, además de incrementar los tiempos de ocio.
Por otra parte, el defensor juvenil explicó que “la mayoría de los adolescentes privados de libertad presentan retraso educativo, y es más, cometieron el delito por el que se los sanciona precisamente cuando no estaban asistiendo al colegio”.
En este sentido, Villavicencio explicó que la educación es un factor de protección de los jóvenes y está comprobado que disminuye los niveles de reincidencia, por lo tanto, que un joven en estas circunstancias no reciba educación, no tiene las mismas consecuencias que si otro joven socialmente adaptado y con vínculos familiares, no la recibiera.
“Entendemos que la emergencia sanitaria que vivimos ha impactado el funcionamiento de las instituciones, pero nos preocupa la situación de los adolescentes del Centro Cerrado de Coyhaique, porque no se está cumpliendo con uno de los pilares del proceso de resocialización y reinserción y ello se manifiesta en al menos dos ámbitos: por una parte el aporte de fondo que entrega la educación y que es disminuir la reincidencia; y por otra entregar herramientas necesarias para que los jóvenes se desarrollen adecuadamente cuando vuelvan a vivir en libertad, esto es lo que llamamos autonomía progresiva”, concluyó.
