Recursos de amparo como parte de la estrategia de defensa en favor de condenados e imputados, así como los derechos que asisten a los privados de libertad e imputados y que son exigibles por la defensa en el actual contexto de Pandemia por Covid19, fueron los temas abordados en una reciente capacitación en la que participaron los defensores locales y abogados dependientes de la Defensoría Regional de Aysén.
La actividad fue coordinada por Cristian Cajas, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Aysén, y dictada por dos abogados de la Defensoría Nacional, Javier Ruiz, de la Unidad de Corte del Departamento de Estudios y Tomás Pascual, jefe de la Unidad de DDHH.
En esta capacitación los defensores actualizaron conocimientos y aclararon dudas en estos ámbitos, que han sido centrales para la defensa penal en el actual contexto de emergencia sanitaria.
Los contenidos entregados permitieron un productivo debate sobre las estrategias de defensa a utilizar en la región ante la actual situación de pandemia, especialmente considerando la realidad que en cada región existe en la aplicación de la justicia penal.
En este sentido Cristian Cajas recordó que en materia de revisiones de prisión preventiva en la Región de Aysén, de un total de 14 solicitudes presentadas por la defensa, los tribunales acogieron 5 y rechazaron 9, lo que da cuenta de buenos resultados estadísticos (¿SE HAN PRESENTADO MÁS?). Sin embargo, hay casos que no han tenido el mismo devenir, como por ejemplo, el de una mujer adulta, embarazada y que actualmente se encuentra en prisión preventiva en Coyhaique. Se trata de un caso complejo pero que preocupa a la Defensoría Penal Pública y sobre el cual se estudian alternativas.
Cabe señalar que desde el inicio de la Pandemia, la Defensoría Penal Pública ha instado por disminuir el número de imputados e imputadas en prisión preventiva, ello porque las probabilidades de contagio por COVID19 aumenta en 5 veces, si se está privado de libertad. Si bien en la Región de Aysén el número de casos de contagios es menor y a la fecha no ha habido casos de contagios en las unidades penales, la defensa estima que se debe actuar anticipándose a posibles escenarios contagios, disminuyendo el número de imputados encarcelados.
“Esta situación – explicó Cajas – de ninguna manera busca la impunidad o dejar sin medidas cautelares a una persona que está siendo investigada por un delito, ya que se pueden dictar otras medidas que aseguren el éxito de la investigación y la seguridad de la víctima y la sociedad , como ya se ha hecho”, señaló.
