La senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, criticó el anuncio del Gobierno de que se estaría analizando cursos de acción -como el veto presidencial- para oponerse al proyecto de Ley que fue aprobado en el Congreso y que prohíbe a las empresas de servicios básicos domiciliarios de luz, agua, gas, telefonía e internet el corte de servicio por no pago de suministro durante la extensión de la crisis sanitaria.
Aysen.- El proyecto de ley que impide el corte de los servicios básicos fue aprobado la semana pasada en el Senado por 28 votos a favor y quedó listo para su promulgación; sin embargo, el Gobierno anunció con posterioridad que el proyecto promovía “materias que ya se habían abordado el 27 marzo pasado junto a las empresas de servicios”, y que la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, “podría constituir infracciones a las normas constitucionales”.
Para la senadora Ordenes, “la decisión del Gobierno de explorar el veto presidencial para impedir que se concrete un beneficio tan importante, como el que las empresas no corten los servicios básicos de las familias durante la cuarentena, nos parece francamente desmedido e inentendible”.
“La Ley que impide el corte de servicios básicos domiciliarios que aprobamos en el Congreso responde, precisamente, a la urgencia que tienen miles de familias del país que enfrentan una crisis, no solo sanitaria, sino también económica y social”, dijo Ordenes.
El proyecto aprobado por el Congreso busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares, incluyendo a los trabajadores que, mediante declaración jurada, manifiesten que sus ingresos han disminuido, así como a quienes se hayan acogido a la Ley de Protección al Empleo.
Además, la ley establece que tras 90 días siguientes de su promulgación, las empresas proveedoras de servicios básicos como agua potable, electricidad y gas, no podrán cortar el suministro por no pago a sus clientes domiciliarios; que las deudas contraídas a partir del 18 de marzo y los 90 días tras la promulgación de la ley, podrán ser pactadas hasta en 12 cuotas, sin multas ni intereses; y establece la reposición de los servicios básicos a quienes se les haya cortado el suministro por no pago de las cuentas desde el comienzo de la crisis sanitaria.
Para la senadora Ordenes, “no existe una razón de peso para echar pie atrás con una ley que beneficia a los hogares en este período de incertidumbre y de crisis económica. Si el Gobierno recurre al veto presidencial, estará contraviniendo una solicitud expresada por miles de hogares chilenos, en plena crisis sanitaria, que necesitan mayor ayuda del Estado para enfrentar esta pandemia”.
