Durante el año que pasó, 300 personas imputadas fueron liberadas de cargos, 15 de ellas estuvieron en prisión preventiva.
Coyhaique.- En el 2020 la cifra disminuyó por efecto de medidas adoptadas para enfrentar la pandemia.

Las estadísticas de la Defensoría Penal Pública (DPP) señalan que, respecto de las causas terminadas durante el año 2019 en nuestra región, 300 perseguidos fueron liberados de los cargos que se les imputaban, ya sea por una decisión absolutoria, el sobreseimiento definitivo de la causa, o la decisión de no perseverar en el procedimiento por parte de la Fiscalía.

Así lo informó Jorge Moraga, Defensor Regional de Aysén, en su Balance de Gestión, realizado el pasado 27 de octubre por Facebook Live de la DPP.

Respecto sólo del año 2019, el jefe de la Defensa Pública en Aysén, destacó que “de esas 300 personas debemos poner especial atención en 15, quienes estuvieron privadas de libertad siendo inocentes de los cargos que se les imputaban”.

Cabe señalar que la estadística con respecto de enero a agosto del presente año ha mejorado: del total de imputados ingresados en ese periodo (y que asciende a 2.618 imputados/as), 129 personas fueron liberados de los cargos que se les imputaban. En este periodo sólo 1 de ellas estuvo en prisión preventiva por más de seis meses.

Sin embargo, Jorge Moraga, destacó que esta estadística no refleja la “normalidad” del uso de la prisión preventiva en la región, toda vez que en ella juega un rol muy relevante el factor Pandemia, “desde marzo de este año – dijo el Defensor Regional – nuestra institución ha enfocado sus esfuerzos, tanto en cautelar los derechos de los privados de libertad, como en evitar que más personas imputadas por delitos, sean puestas en prisión preventiva (…) las personas privadas de libertad son quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia por COVID 1, ya que se encuentran en lugares reducidos, donde es fácil la transmisión del contagio una vez que el virus llega a los recintos penales”. La imposibilidad de ver a sus familias y cercanos, y las deficientes condiciones de habitabilidad en la que se encuentran, son otras de las causas que los ubican como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad.

De esta manera, en los casos que ha sido necesario, defensores y defensoras penales públicos de la región, han insistido en el uso de otras herramientas que contempla la legislación, para asegurar el éxito de la investigación y la seguridad de la víctima.

En este sentido, el Defensor Regional señaló que como institución garante de derechos humanos la Defensoría Penal Pública ha insistido reiteradamente en el uso racional de la prisión preventiva.

“Nuestra legislación tiene herramientas suficientes para asegurar una adecuada investigación penal y la seguridad de las víctimas y la sociedad, por lo que la imposición de la prisión preventiva debiera usarse de manera restrictiva y sólo para los casos más graves”, dijo.

Lecciones para el sistema penal
Moraga recordó que el año pasado, la región y todo el país fue testigo de uno de los casos más emblemáticos de los últimos años. El de un joven coyhaiquino que fue detenido en noviembre de 2019 en medio de disturbios en una de las manifestaciones del estallido social, e imputado por lesiones graves contra un funcionario de carabineros.

Luego de pasar seis días en prisión preventiva, un video conseguido por su familia aclaró, sin lugar a dudas, que el joven no era el responsable del delito que se le imputaba. “Pero ¿y si no hubiese existido tal video? – se pregunta Jorge Moraga – ¿Si su familia no hubiese movido cielo y tierra en búsqueda de alguna imagen que demostrara su inocencia? ¿Qué habría ocurrido con el joven? Probablemente habría pasado meses en prisión preventiva”.

En palabras del Defensor regional, esta reflexión abre paso a otra igualmente importante: ¿Qué ocurre con aquellos imputados encarcelados preventivamente que no tienen la suerte de contar con un registro de video o un testigo presencial, que permita aclarar su real inocencia?

“La triste situación que afectó a nuestro joven representado, debe ser una clara lección para todos los intervinientes en el sistema de justicia penal”, concluyó.