Este miércoles, la comisión de Trabajo del Senado aprobó y despachó el proyecto que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual viene a reemplazar el Pilar Solidario.
Al respecto, el senador David Sandoval, quien formó parte de la discusión en dicha instancia parlamentaria, destacó el avance que se produjo con el Ejecutivo, lo que permitió acotar las diferencias que habían. “Se acogieron prácticamente todas las acciones que se habían manifestado, (por ejemplo) en materia de los menores de 18 años con algún grado de dependencia. Nosotros hablábamos de dependencia severa, pero el Ejecutivo agrega también aquellas personas con problemas sensoriales y otros, que abre una enorme expectativa. Es un mínimo reconocimiento el que hacemos”, señaló.
Además, el parlamentario precisó que de despacharse la iniciativa durante el mes de enero, todas las personas que tienen aporte del Pilar Solidario, la diferencia lo van a recibir a partir del mes de febrero. “Y el resto de las personas, gente de clase media que no tiene aporte del Pilar Solidario, va a recibir íntegramente los $185 mil”, puntualizó.
Por ello, el legislador considera que este avance es una gran señal, considerando a su juicio que la sociedad chilena tiene tres grandes demandas: pensiones, salud y vivienda. “Y aquí nos estamos haciendo parte de una de ellas y que beneficia a 1,6 millones de chilenos y chilenas”, subrayó.
Cabe recordar que la PGU, cuyo trámite pasa ahora a la comisión de Hacienda del Senado, donde se está analizando también el proyecto el financiamiento de la iniciativa, establece una pensión garantizada de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, y para quienes se encuentren entre el 81 y 90% de mayor vulnerabilidad, el monto irá disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%, excluyendo solo al 10% de mayores ingresos.
Finalmente, entre las indicaciones aprobadas hoy miércoles destacan que el universo de beneficiarios por pensión de invalidez sube del 60% actual al 80%, aumenta a seis meses el plazo para que una persona pueda permanecer fuera del país recibiendo el beneficio, ampliar la cobertura de discapacidad mental y física y sensorial severa de menores de 18 años al 60% más vulnerable y retirar del texto la utilización del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para financiar la medida.
