La Corte de Coyhaique acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de Alejandro José González Puchi, imputado como autor de medio centenar de delitos de estafas y defraudaciones en contra particulares. Ilícitos perpetrados entre 2019 y 2020, en la ciudad.
Coyhaique.- En fallo dividido (causa rol 84-2022), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Sergio Mora Vallejos, Pedro Castro Espinoza y José Ignacio Mora Trujillo– revocó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, que decretó el arraigo nacional del imputado.
“Atendido el mérito de autos, alegaciones de los intervinientes, estimándose que existen antecedentes que resultan suficientes para considerar que la medida cautelar personal de prisión preventiva es indispensable para asegurar el éxito de la investigación y que, además, aparece proporcionada en atención a que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en razón de la pena asignada por la ley a los ilícitos, número, carácter y circunstancias de comisión; y lo dispuesto en los artículos 122, 139, 140 y 155 del Código Procesal Penal”, sostiene el fallo.
Por tanto, se resuelve que: “SE REVOCA la resolución apelada de fecha siete de abril de dos mil veintidós, en cuanto por ella se negó lugar a decretar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Alejandro José González Puchi y, en su lugar, se resuelve que se impone dicha medida cautelar al encartado de autos”.
Decisión acordada con el voto en contra del ministro Mora Vallejos, quien fue del parecer de confirmar la resolución apelada, pero imponiendo, además, al imputado la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Según el ente persecutor, desde abril de 2019 y hasta marzo de 2020, el imputado, actuando por sí y por terceros y en representación de la empresa Carretera Austral, con domicilio en la comuna de Coyhaique, ofreció paquetes turísticos en la Región de Aysén, para lo cual contactaba a las víctimas a través de diversos medios, tales como: página web, correo electrónico, vía telefónica o presencialmente en las sucursales de la empresa en la Región Metropolitana y, simulando mantener los medios para concretar los servicios, les solicitaba la transferencia de fondos a la cuenta bancaria de la empresa a las víctimas para efectuar las supuestas reservas. Sin embargo, una vez que las víctimas llegaban a destino, se percataban que todo había sido un engaño, dado que los servicios comprometidos eran suspendidos y nunca fueron cumplidos. El monto total defraudado a 50 víctimas rondaría los $60.000.000 (sesenta millones de pesos).
