Tenemos que llegar a situaciones tan indignantes y cuestionables para replantearnos lo que tantas personas, comunidades, organizaciones y territorios estamos exigiendo al Estado chileno desde hace años: QUE EL AGUA SEA UN BIEN PÚBLICO COMÚN, UN DERECHO HUMANO, NO PRIVATIZADO NI MERCANTILIZADO.

Desde Aysén SOLIDARIZAMOS con los dramáticos días que está padeciendo la familia osornina, expuesta a graves carencias, desabastecimiento, enfermedades y transacciones mercantiles del vital elemento (agua embotellada, camiones aljibes). Confiamos en que tengan muy pronto una favorable respuesta a la falta de agua.

Más aún confiamos en que este drama, junto a tantas otras catástrofes por falta de agua, por contaminación o por su mercantilización en nuestro país, nos muevan a EXIGIR unidos y valientemente un cambio constitucional y efectivo en la PROPIEDAD, la GESTIÓN y la DISTRIBUCIÓN de este preciado bien común en Chile. Constatamos lamentablemente que la lucha por el agua es y ha sido intencionalmente invisibilizada por algunos poderes, que siguen imperando.

Gran responsabilidad en el conflicto por el acceso al agua la tienen los gobiernos de turno, legisladores, las empresas, muchas de ellas transnacionales, pero también la ciudadanía por “pedir” y no EXIGIR este cambio, frente a las poderosas presiones de las empresas agrícolas, forestales, mineras, hidroeléctricas, pesqueras, etc. que buscan mantener y perpetuar un modelo económico a su favor a través de una legislación que concentra derechos y uso.

Un cambio constitucional nos obligará a una mayor responsabilidad democrática en la valoración, cuidado y uso de los BIENES COMUNES, sobre todo del AGUA, la TIERRA, los ALIMENTOS, LAS SEMILLAS, DONES QUE DIOS NOS REGALA PARA TODOS y TODAS.

Declaramos enérgicamente que mercantilizar el agua es mercantilizar la VIDA, la dignidad de las personas. Esto es ética y moralmente INACEPTABLE E INTRANSABLE.

Luis Infanti, obispo de Aysén – Comisión Justicia y Paz

COYHAIQUE, julio 15 de 2019.

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