Parlamentario de Aysén anunció que esta semana presentará una solicitud para crear una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, ante la denuncia de una deuda millonaria que el Ministerio de Vivienda mantiene con constructoras y entidades patrocinantes.
El diputado René Alinco (IND) encendió las alarmas en la región de Aysén tras anunciar que presentará una solicitud para conformar una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados. El objetivo será indagar la situación financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al que acusó de estar “económicamente fundido”, con una deuda que —según el propio legislador— bordearía los mil millones de dólares.
“Todos sabemos que el Ministerio de Vivienda tiene una deuda con empresas constructoras y entidades patrocinantes en Chile de alrededor de mil millones de dólares. Eso indudablemente va a afectar el quehacer de la vivienda acá en la región de Aysén”, afirmó Alinco a través de un video difundido este lunes.
El parlamentario acusó además que la Seremi de Vivienda y la directora regional del SERVIU en Aysén estarían ocultando la verdadera magnitud del problema, al no transparentar que los retrasos en proyectos emblemáticos, como la entrega de la chacra G2 de Coyhaique —donde más de 1.800 familias esperan acceder a su vivienda—, obedecen a la falta de recursos.
“Le pido a las autoridades regionales que digan la verdad: el ministerio no entrega la chacra G2 porque no tiene plata. Y eso es lo que quiero que investiguemos a través de esta comisión especial”, subrayó.
El trasfondo: una deuda en disputa
Durante las últimas semanas, medios nacionales han revelado que el Minvu tendría compromisos impagos por más de US$ 1.000 millones con constructoras, inmobiliarias y entidades patrocinantes, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Empresarios del sector han asegurado que la cartera incluso habría reconocido en comunicaciones internas que “no tiene cómo pagar sus compromisos financieros” y que algunos pagos podrían postergarse hasta marzo de 2026.
Frente a estas denuncias, el Minvu ha rechazado la cifra, calificándola de “exagerada”. El ministro Carlos Montes sostuvo que “eso de los US$ 1.000 millones no es real”, aunque reconoció que algunos Serviu regionales han comprometido gastos superiores a sus presupuestos disponibles. La cartera explicó que ha debido recurrir a mecanismos de pago alternativos, como el confirming de BancoEstado, para dar liquidez a las empresas mientras se tramitan los aportes fiscales.
Pese a esa defensa, la polémica ha generado fuerte preocupación en la industria y en comunidades que esperan sus viviendas, ya que el desfase financiero afecta directamente programas clave como el DS-19, el DS-49 y la ejecución de proyectos en regiones extremas.
