La acción fue presentada por el diputado René Alinco, junto al abogado Rodrigo Álvarez Seguel, en defensa de los usuarios del sistema eléctrico regional, tras el reconocimiento oficial de un error en la fórmula tarifaria aplicada por la autoridad energética.
Coyhaique.- La Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el primer recurso de protección en Chile por un error tarifario reconocido por el propio Gobierno, presentado por el diputado René Alinco, con el patrocinio del abogado Rodrigo Álvarez Seguel, en representación de los usuarios del sistema eléctrico de Aysén.
La acción judicial se dirige contra Edelaysen S.A., la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Ministerio de Energía, por mantener la aplicación de una metodología de cálculo reconocida como errónea por las propias autoridades, lo que habría generado cobros indebidos a familias y pequeñas empresas de la región.
El caso se enmarca en el reconocimiento público del error tarifario por parte del Gobierno, que llevó al Presidente de la República a solicitar la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, entre el 14 y 16 de octubre. Sin embargo, a la fecha no se ha dictado el acto administrativo que corrija el vicio, permitiendo que el cobro continúe afectando a los usuarios de la región.
En su resolución, la Corte ordenó pedir informe al Ministerio de Energía, a la CNE y a Edelaysen, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para explicar el origen del error y las medidas adoptadas para su corrección.
“Este es un paso histórico para Aysén. Por primera vez, la justicia revisará un error tarifario que el propio Estado reconoció. No se trata de política, se trata de justicia y de respeto por las familias que pagan mes a mes una cuenta calculada con un error técnico”, señaló el diputado René Alinco, autor del recurso.
El abogado Rodrigo Álvarez Seguel, patrocinante de la acción, explicó que “el principio de juridicidad obliga al Estado a corregir sus propios actos cuando reconoce un vicio. La omisión frente a un error declarado vulnera la Constitución y los derechos patrimoniales de los usuarios.”
El caso, Rol N° 250-2025, marca un precedente nacional, ya que por primera vez un tribunal revisará la omisión del Estado frente a un error técnico reconocido, en una causa iniciada en Aysén que podría sentar las bases de futuras correcciones tarifarias en todo el país.
